El PP analiza endurecer requisitos y separar acceso a la ciudadanía de derechos políticos, con miras a aplicarlo si regresa al Gobierno
Alberto Núñez Feijóo lidera desde el Partido Popular una reordenación legislativa para modificar la ‘ley de nietos’, la disposición octava de la Ley de Memoria Democrática, y su reciente instrucción del Ministerio de Justicia que amplía los supuestos de nacionalización para descendientes de exiliados españoles. La medida, que ya ha generado tensiones políticas, podría incluir dos cambios clave: endurecer los requisitos para obtener la nacionalidad y desvincularla del derecho al voto.
Según fuentes consultadas por ABC, el PP trabaja en un plan que no solo respondería a la polémica actual, sino que también serviría como propuesta de gobierno si recupera el poder. La instrucción ministerial, que permite nacionalizar a cualquier descendiente de exiliado sin necesidad de acreditar el exilio, ha convertido el tema en un nuevo foco de conflicto político.
El Tribunal Supremo paralizó recientemente las inscripciones en el censo exterior para quienes no acrediten el exilio, una decisión que ha agravado las divisiones. El PP aprovecharía este contexto para impulsar su reforma, que buscaría limitar el acceso a la nacionalidad y separarlo del derecho a participar en elecciones.
La estrategia del PP se enmarca en un debate más amplio sobre la inmigración y la integración, donde la ‘ley de nietos’ se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre memoria histórica y política migratoria. La medida, que ya benefició a miles de personas, ahora enfrenta una revisión que podría redefinir su alcance.
El PSOE, que impulsó la ley, no ha reaccionado públicamente, pero la iniciativa del PP podría reavivar el debate en el Congreso, donde la oposición busca capitalizar el descontento con la gestión actual.
El contexto legal: ¿qué permite la ‘ley de nietos’?
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, incluye la disposición octava —conocida como ‘ley de nietos’— que facilita la obtención de la nacionalidad española para descendientes de exiliados republicanos. Originalmente, la norma exigía acreditar el exilio de los abuelos, pero una instrucción reciente del Ministerio de Justicia amplió los supuestos, permitiendo la nacionalización sin esta prueba.
Esta ampliación ha generado controversia, especialmente entre partidos como el PP y Vox, que argumentan que se está utilizando la memoria histórica para facilitar la inmigración. La decisión del Tribunal Supremo de paralizar las inscripciones sin acreditación de exilio añade un nuevo elemento de incertidumbre al debate.
Implicaciones políticas: ¿qué se juega cada actor?
Para el PP, esta reforma sería una herramienta clave para diferenciarse del PSOE en temas de inmigración y memoria histórica. Feijóo podría presentar la medida como un gesto de rigor en la gestión de la nacionalidad, evitando que se convierta en un canal de acceso masivo a derechos políticos.
El PSOE, en cambio, defendería la ley como un reconocimiento a las víctimas del exilio y un derecho histórico. La tensión entre ambos partidos podría escalar si el PP logra apoyo parlamentario para su propuesta, especialmente si cuenta con el respaldo de Vox o partidos nacionalistas.
En el ámbito institucional, el Tribunal Supremo ya ha intervenido, pero su decisión no cierra el debate. La reforma del PP, si se materializa, podría requerir una nueva valoración judicial, prolongando la incertidumbre legal y política.
Mientras, la sociedad civil —especialmente las asociaciones de descendientes de exiliados— podría movilizarse para defender sus derechos, añadiendo presión al proceso legislativo.
