La consejera Elena Manzano cifra en 600 millones y 517 euros por habitante la pérdida de ingresos de la comunidad prevista para 2027
Todas las vías jurídicas de impugnación quedarán activadas por parte de la Junta de Extremadura si la reforma del sistema de financiación autonómica aprobada este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera concluye en ley. Así lo advirtió la consejera regional de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, al término del cónclave multilateral celebrado en Madrid, donde denunció que la iniciativa estatal quebranta los principios de justicia, igualdad y solidaridad interterritorial para satisfacer concesiones partidistas.
El Ejecutivo extremeño centrará su primera línea de resistencia en el debate parlamentario durante la tramitación legislativa de la norma, pero recurrirá a los tribunales si el texto definitivo sale adelante en las Cortes Generales sin modificaciones. De acuerdo con los cálculos desgranados por la responsable autonómica, el reparto planteado por el Gobierno central destina «cero euros» a Extremadura de un fondo global de 21.000 millones de euros, una distribución que a su juicio busca blindar la permanencia de Pedro Sánchez mediante pactos parlamentarios con fuerzas independentistas catalanas.
Ese desequilibrio financiero causará una merma directa en las cuentas autonómicas extremeñas calculada en 600 millones de euros hacia el año 2027, según alertó Manzano. La dirigente popular trasladó este impacto macroeconómico a la prestación cotidiana de servicios esenciales, argumentando que el recorte proyectado supondrá perder 517 euros por cada habitante en un territorio con un millón de ciudadanos y 388 municipios, lo que mermará los recursos disponibles para sostener hospitales, colegios e infraestructuras públicas.
Durante la reunión del órgano de coordinación fiscal, la consejera extremeña reclamó formalmente una rectificación de la propuesta gubernamental tras constatar que la gran mayoría de las comunidades autónomas rechazan el diseño acordado. Manzano reprochó asimismo un detalle simbólico ocurrido durante la sesión, cuando el Ministerio de Hacienda obsequió a la delegación extremeña la novela ‘La ciudad de los prodigios’ de Eduardo Mendoza, una entrega que la consejera censuró al simbolizar la emigración forzosa del campo a Barcelona en busca de progreso.
La advertencia judicial de Extremadura consolida el frente de rechazo autonómico encabezado por los ejecutivos autonómicos del Partido Popular ante la reforma del modelo común de reparto de recursos. La batalla competencial se trasladará ahora a la tramitación de las correspondientes leyes en el Congreso de los Diputados y el Senado, paso previo indispensable antes de que las comunidades contrarias puedan formalizar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para frenar la entrada en vigor del nuevo esquema financiero.
