El Supremo interviene para evitar que el PSOE y el PP usen el censo electoral como arma política antes de las elecciones de 2027
El Tribunal Supremo ha intervenido en el debate sobre la ley de nietos para exigir rigor en el censo electoral, un paso que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado eludir con una campaña demagógica que busca confundir al electorado antes de las elecciones de 2027.
La polémica no gira solo en torno a la regularización de los descendientes de españoles exiliados durante el franquismo, sino en un tema más amplio: el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero y su impacto en el cómputo electoral. Mientras el Gobierno y el Partido Popular se enzarzan en acusaciones cruzadas, el Supremo actúa como árbitro para evitar que este debate se convierta en un arma política.
El PSOE, en lugar de aclarar las dudas sobre el censo, ha optado por una estrategia similar a la usada durante el procés independentista: presentar el voto como un derecho absoluto, sin matices. Sin embargo, el Tribunal Supremo busca evitar que la desconfianza en el proceso electoral —algo que ya ha ocurrido en otros países— se instale en España. La intervención judicial llega en un momento clave: con las elecciones a la vuelta de la esquina, tanto el Gobierno como la oposición intentan manipular el debate para justificar resultados adversos.
El Partido Popular, por su parte, ha cometido errores estratégicos. Criticó la ley de nietos sin reconocer que, en el pasado, su partido propuso ampliar aún más el derecho al voto a quienes no residen en España. Ahora, al acusar al Gobierno de favorecer a este colectivo, le da argumentos a Sánchez para denunciar un posible fraude electoral, algo que podría repetirse en la noche de los comicios.
El riesgo es claro: por primera vez en la democracia española, el resultado electoral podría ser cuestionado por ambas partes. El Supremo intenta evitarlo, pero el Gobierno ya ha recurrido a desacreditar a los jueces para justificar una posible derrota. La estrategia recuerda a casos como el de Donald Trump en 2020, donde la negación de resultados llevó a una crisis institucional.
Lo que está en juego no es solo la ley de nietos, sino la credibilidad del proceso electoral. Si el Gobierno y la oposición siguen usando el censo como arma, el verdadero perdedor será la democracia.
