La ley reserva la convocatoria de un paro amparado por la Constitución a los trabajadores o a un sindicato laboral con implantación en el ámbito
El Sindicato de Inquilinas ha pedido a CCOO y UGT que convoquen una huelga general por la vivienda y el coste de la vida. La propuesta llega después de varios días de movilizaciones en todo el país y del rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda del Gobierno de coalición. Por ahora no se ha traducido en una convocatoria formal.
La organización de inquilinos ha convocado manifestaciones para este fin de semana bajo el lema de avanzar hacia la huelga general. Su objetivo es trasladar las protestas también a los centros de trabajo. Para ello necesita que los sindicatos mayoritarios den el paso, porque la ley no le permite convocar por sí sola un paro laboral.
Quién puede convocar legalmente un paro de ámbito estatal
El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para defender sus intereses. La norma que lo regula es el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, anterior a la propia Constitución y todavía vigente. El Tribunal Constitucional lo corrigió en su sentencia 11/1981.
Esa sentencia de 1981 fijó que la titularidad del derecho es de los trabajadores, pero que su ejercicio colectivo pueden organizarlo ellos, sus representantes o los sindicatos con implantación en el ámbito laboral afectado. La Ley Orgánica de Libertad Sindical también incluye el ejercicio del derecho de huelga entre las facultades sindicales.
Llamarse sindicato no basta. El Sindicato de Inquilinas no tiene las facultades que la ley reserva a las organizaciones sindicales de trabajadores. Para convocar una huelga general protegida por el artículo 28.
Una vez convocada legalmente, cualquier trabajador incluido en su ámbito puede secundarla, esté o no afiliado al sindicato que la convoca. Tampoco hace falta que la respalden UGT y CCOO: basta con que la convoque una organización sindical de trabajadores con implantación. La participación de las dos centrales mayoritarias ampliaría el alcance de un paro estatal.
Los cinco días de preaviso y el límite de 12 personas en el comité
La convocatoria no necesita autorización previa del Gobierno, pero sí cumplir requisitos formales. El Real Decreto-ley de 1977 exige comunicarla por escrito a la autoridad laboral y a los afectados con al menos cinco días naturales de antelación. Si afecta a empresas de servicios públicos, el preaviso sube a diez días naturales y hay que darle publicidad suficiente para que los usuarios la conozcan.
El escrito debe detallar los objetivos de la huelga, las gestiones hechas para resolver el conflicto, la fecha de inicio y la composición del comité de huelga. Ese comité no puede superar las 12 personas y participa en las negociaciones durante el conflicto.
Un paro estatal no obliga a avisar empresa por empresa. El Constitucional lo aclaró tras la huelga general del 14 de diciembre de 1988: en la sentencia 36/1993 consideró que exigir una notificación individual haría imposible una convocatoria de ámbito nacional. El requisito se cumple avisando a los órganos centrales del Ministerio de Trabajo, a las autoridades laborales autonómicas y a las asociaciones empresariales más representativas del ámbito.
En los servicios esenciales se pueden fijar servicios mínimos. El Constitucional ha repetido que deben estar justificados y ser proporcionados: buscan garantizar los derechos esenciales de la población, no que el servicio funcione con normalidad y vacíe de contenido la huelga. Durante un paro legal, el contrato queda suspendido y no se cobra el salario del tiempo de huelga, pero participar en ella no puede sancionarse. La situación se registra de forma especial en el sistema para proteger ciertos derechos de la seguridad social.
El debate jurídico: cuándo la vivienda justifica un paro laboral
El artículo 11 del Real Decreto-ley de 1977 considera ilegal un paro cuando se inicia o mantiene por motivos políticos. Ese es el principal debate jurídico de una eventual huelga general por la vivienda.
También han anunciado que reunirán a sus órganos de dirección para decidir los próximos pasos. Las dos centrales quieren construir una estrategia de unidad de acción sindical y de confluencia con movimientos sociales, vecinales, organizaciones de inquilinos y otros sindicatos.
De momento no han anunciado una huelga general. Sí defienden que la respuesta al bloqueo de las medidas de vivienda debe pasar por la movilización. Las dos organizaciones sostienen que el encarecimiento de la vivienda se ha convertido en el principal factor de empobrecimiento y desigualdad. Argumentan que la subida de los alquileres y del precio de la vivienda neutraliza las subidas salariales pactadas en convenio y las mejoras del salario mínimo interprofesional.
CGT ya se ha mostrado dispuesta a impulsar una huelga general por la vivienda. Sectores de CNT también han expresado su apoyo a usar esta herramienta. Otras centrales, como CIG, ELA o USO, respaldan las movilizaciones y vinculan igualmente el encarecimiento de la vivienda con las condiciones económicas de los trabajadores.
