El Gobierno incluye una medida estrella de las movilizaciones sociales, inspirada en Europa pero con indemnización fija, mientras evita desalojar a los acampados en Sol
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un giro radical en su política de vivienda al anunciar la inclusión de los alquileres indefinidos en su programa electoral, una medida que ni siquiera figuraba en las promesas del PSOE en las últimas elecciones. La decisión, presentada el miércoles como respuesta directa a las movilizaciones sociales, busca capitalizar el malestar ciudadano y evitar que la calle siga presionando al Ejecutivo, en un contexto donde las protestas por la vivienda se han convertido en un «punto de inflexión» para Moncloa.
La medida, inspirada en figuras europeas, pero con un matiz propio —como la indemnización fija por no renovación del contrato, algo poco común en otros países—, llega tras abrazar una propuesta del Sindicato de Inquilinas. Sánchez la justificó como «coherente con el espíritu de la ley de vivienda» y celebró que provenga del «debate suscitado por las organizaciones civiles». Sin embargo, el PSOE nunca la había planteado antes, ni siquiera en su programa electoral más ambicioso, lo que refleja un cambio de estrategia a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas (mayo de 2027) y con las generales aún en el aire.
El decreto, que se debatirá el viernes en el Congreso, lleva el sello de Sumar —a través del Ministerio de Derechos Sociales— y será defendido por Pablo Bustinduy. No obstante, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, liderará la defensa del texto principal, el que tiene más opciones de aprobarse. El Ejecutivo ya ha descartado desalojar a los acampados en la Puerta del Sol, argumentando que se trata de una movilización «cívica, pacífica y espontánea» que ampara el derecho fundamental a la reunión. Esta postura choca directamente con las demandas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que sí exigen desalojos.
El giro responde también a una estrategia electoral: el PSOE intenta reforzar su perfil de izquierda ante la caída de Sumar en las encuestas y la división en el espacio progresista. Sánchez, que lleva meses adelantando medidas de este tipo, busca evitar que la izquierda alternativa le robe el voto útil. Además, el Ejecutivo advierte de que el rechazo a los decretos supondría un «terrible punto de inflexión» social, aunque Sánchez evitó vincularlo a posibles elecciones anticipadas.
Con las elecciones municipales y autonómicas fijadas para mayo de 2027 y la posibilidad de un «adelanto técnico» antes del final de la legislatura, la vivienda se ha convertido en un campo de batalla clave. El Gobierno apuesta por presentarse como el único que escucha a las organizaciones sociales, mientras evita confrontaciones directas con el Ayuntamiento de Madrid y mantiene abierta la puerta a un cambio de calendario electoral si la presión social no cesa.
