El Tribunal Supremo ordenó en julio el uso del castellano en carteles de colegios, pero la Generalitat sigue aplicando un manual de 2007 que prioriza el catalán como lengua única
El Govern de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, desobedece desde hace meses una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a incluir el castellano en los rúbricas y carteles de los centros escolares públicos. La sentencia, dictada en julio de 2026, anuló un apartado del plan de gestión educativa de la Generalitat que establecía el catalán como única lengua en la señalización de los edificios escolares.
El Supremo argumentó que los espacios físicos de los colegios son parte del proceso educativo y que excluir el castellano en carteles y rúbricas vulnera el artículo 3 de la Constitución, que garantiza la cooficialidad de ambas lenguas en Cataluña. Además, el fallo recordó que el castellano es lengua oficial en toda España y que su exclusión en comunicaciones públicas puede constituir discriminación según el artículo 14 de la Carta Magna.
Sin embargo, la Generalitat sigue aplicando el Manual de señalización de espacios interiores, revisado por última vez en 2007 durante el Govern tripartito de José Montilla (PSC-ERC-ICV). Este documento establece que el catalán es la única lengua oficial en la rotulación de edificios públicos, y solo permite el uso excepcional de otras lenguas bajo el catalán y en cursiva, como si fueran de menor rango. La sentencia del Supremo, en cambio, exige un uso paritario y generalizado de ambas lenguas en todos los espacios educativos.
La desobediencia del Govern no se limita a los colegios: el mismo manual se aplica en todas las dependencias públicas de la Generalitat, incluyendo hospitales, ayuntamientos y otras instituciones. Impulso Ciudadano, partido constitucionalista liderado por Rafael Arenas, y la Asociación de Empresarios de Barcelona (AEB) han anunciado que presentarán un recurso para exigir el cumplimiento de la sentencia y la modificación de la normativa autonómica.
El conflicto refleja una tensión recurrente en Cataluña: mientras el Supremo defiende la cooficialidad como principio constitucional, el Govern de Illa —apoyado por el PSC y ERC— prioriza la normativa autonómica, que en este caso data de 2007. La sentencia de julio de 2026 no es un caso aislado: en 2023, el Tribunal Constitucional ya anuló una ley catalana que limitaba el uso del castellano en la administración, reafirmando que ninguna comunidad autónoma puede excluir una lengua oficial en su territorio.
