El decreto limita la suma de rentas a los precios de referencia del Estado, pero Cataluña y otras autonomías pueden bloquearlo
El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto que regula por primera vez el alquiler por habitaciones, limitando su precio a la renta máxima de un piso completo en las zonas pensionadas.
La medida, que entra en vigor este jueves, pero depende de la convalidación parlamentaria, establece que la suma de los alquileres de habitaciones no podrá superar el precio de referencia del Ministerio de Vivienda para la vivienda completa en esas zonas. Por ejemplo, si el índice fija un máximo de 1.000 euros para un piso, el alquiler de dos habitaciones no podrá superar esa cantidad, aunque se reparta de forma desigual (500 euros cada una o 600 y 400).
Sin embargo, esta limitación solo afectará a los municipios declarados como zonas pensionadas —actualmente, algunos de Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias y Galicia—, donde el Gobierno central fija precios máximos. En el resto de España, donde no hay topes al alquiler, tampoco se aplicará la nueva norma. Además, el decreto incluye una cláusula que permite a las comunidades autónomas con normativas propias (como Cataluña) priorizar sus propias reglas, lo que podría bloquear la medida en esas regiones.
El texto también regula por primera vez los alquileres de temporada, obligando a que tengan una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses, con justificación del desplazamiento temporal. Si se supera ese plazo o se encadenan más de dos contratos seguidos sin motivo válido, el alquiler se considerará habitual. La inspección corresponderá a las comunidades autónomas.
Hasta ahora, el alquiler por habitaciones y el de temporada no estaban regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), sino en el Código Civil, lo que dejaba a los inquilinos sin las mismas garantías que en un alquiler completo. Con el decreto, estos contratos pasarán a la LAU, aplicándoseles el mismo régimen de duración, prórroga y prohibición de cobro de gastos de gestión por parte de las inmobiliarias.
Las comunidades gobernadas por el PP, como Galicia (que solo ha declarado zonas pensionadas en dos municipios por petición de sus ayuntamientos), rechazan esta regulación estatal, argumentando que limitar precios no resuelve la crisis de vivienda.
