El decreto, que se votará el viernes en el Congreso, alarga los plazos hasta dos años para contratos que venzan antes de 2029
El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto que amplía hasta dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2029, una medida que beneficiaría a 1,89 millones de contratos —equivalente a 5 millones de personas—, según cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La norma, que se someterá a votación este viernes en el Congreso, afectaría especialmente a Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, que concentran casi la mitad de los contratos prorrogables.
El Gobierno estima que 751.166 contratos de 2026, 809.899 de 2027 y 334.611 de 2028 podrían prorrogarse, basándose en datos del INE que reflejan una media de 2,5 personas por hogar. La medida, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, busca aliviar la presión sobre los inquilinos en un contexto de inflación persistente y escasez de vivienda asequible.
Por comunidades, Madrid lidera con 402.082 contratos prorrogables, seguida de Cataluña (339.088) y la Comunidad Valenciana (224.372). Andalucía, Baleares y Aragón también registran cifras significativas, mientras que La Rioja sería la región con menos beneficiarios (12.721 contratos). A nivel provincial, Barcelona (248.053 contratos) y Valencia (120.523) destacan como los focos con mayor impacto.
La prórroga, sin embargo, depende de los apoyos parlamentarios. El decreto llega en un momento de tensión política, donde partidos como el PP y Vox ya han criticado la medida por considerarla una intervención excesiva en el mercado. Mientras, colectivos de inquilinos la celebran como un avance en la protección del derecho a la vivienda.
El marco legal de la medida se enmarca en la Ley de Vivienda de 2023, que ya incluía herramientas para regular los precios y garantizar el acceso a la vivienda. Este decreto, sin embargo, amplía su alcance temporal, algo que podría generar tensiones con el sector inmobiliario, tradicionalmente opuesto a regulaciones que limiten la flexibilidad de los contratos.
En Aragón, Zaragoza lidera con 47.665 contratos prorrogables, seguido de Huesca con 11.467 y Teruel con 5.140. En Castilla‑La Mancha, Toledo registra 24.708 contratos, Albacete 12.269, Ciudad Real 11.071 y Guadalajara 11.053, mientras que en la Comunidad Valenciana, Valencia cuenta con 120.523 contratos prorrogables, Alicante 76.705 y Castellón 27.144.
