La norma establece un procedimiento complejo que prioriza el interés superior de cada menor y su opinión en el proceso de reintegración familiar
El procedimiento de reintegración familiar establecido en el real decreto es similar al utilizado en casos de adopción, donde se prioriza el interés superior del menor y se garantiza su participación en el proceso de toma de decisiones.
Según la norma, la Administración deberá realizar un informe de valoración de las circunstancias personales de cada menor, que incluirá su edad, madurez, circunstancias personales y cualquier otra información relevante para tomar una decisión en su favor.
Además, el decreto establece que la Administración deberá garantizar que el menor sea oída y escuchada de forma adaptada a su edad, madurez y circunstancias personales durante todas las fases del proceso de reintegración familiar.
Este enfoque se alinea con la Convención de los Derechos del Niño, que establece que los niños tienen derecho a ser escuchados y a participar en decisiones que les afecten.
