La Xunta alerta de que el cambio afecta a 2.500 edificaciones y acusa al Ejecutivo de ‘recentralización’ con pretexto ecológico
El Gobierno ha aprobado un reglamento que amplía el **Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)** hasta 100 metros en zonas costeras, eliminando el requisito de que las olas hayan alcanzado ese límite en cinco ocasiones en cinco años. Con la nueva norma, bastará con que el agua llegue una sola vez a ese punto para que el terreno pase a ser de titularidad estatal, afectando a propiedades privadas y servidumbres de protección en Galicia, Andalucía, Valencia, Murcia, Baleares y Cantabria.
La Consell ería de Medio Ambiente y Cambio Climático de Galicia calcula que el cambio dejará en **limbo legal a 2.500 edificaciones**, incluyendo puertos, lonjas y accesos urbanos consolidados. La Xunta, que ya recibió en julio de 2025 la primera transferencia de competencias en ordenación de costas en 17 años, denuncia que el reglamento —en fase de alegaciones— **revisa de oficio el deslinde hacia el interior** en tramos donde eventos extremos demuestren mayor penetración del agua, algo que, según Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente, **podría incorporar al dominio público zonas urbanas ya consolidadas**.
El conflicto escaló cuando seis comunidades autonómicas —incluida Galicia— enviaron una **carta conjunta a la ministra Sara Aagesen** para trasladar sus alegaciones a Bruselas, acusando al Gobierno de **invadir competencias autonómicas** y de amenazar actividades económicas litorales. La Xunta, que ha solicitado el amparo del Consejo de Estado, argumenta que la reforma **vulnera la Directiva de Servicios europea**, que exige transparencia en concesiones pero no su retirada, y advierte de **inseguridad jurídica** para empresas, cofradías y ayuntamientos con proyectos en la costa.
El Ministerio de Transición Ecológica defiende la medida como aplicación del **principio de precaución** para proteger vidas e infraestructuras ante catástrofes, citando el **artículo 132 de la Constitución**, que reserva a la Administración central la delimitación física del DPMT. Sin embargo, la Xunta rechaza que sea un ajuste técnico: **acusa al Gobierno de usar la ecología como excusa para recortar autonomías**, especialmente tras el traspaso de competencias de 2025, que no ha frenado los roces por la gestión del litoral.
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