La Xunta denuncia una ‘recentralización’ que afecta a puertos, lonjas y zonas urbanas consolidadas tras el traspaso de competencias
El Gobierno ha aprobado un reglamento que modifica los criterios para delimitar el **Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)** en Galicia, una decisión que podría dejar **2.500 edificaciones en situación legal incierta** según cálculos de la Consell ería de Medio Ambiente y Cambio Climático. El cambio, incluido en un Real Decreto en fase de alegaciones, reduce de cinco a una sola ocasión el requisito de que las olas alcancen un límite para ampliar la zona de dominio público, lo que podría afectar a terrenos privados y servidumbres de protección en la franja costera.
La **Xunta de Galicia**, que asumió en julio de 2025 la primera transferencia de competencias en ordenación de costas en casi 17 años, considera la medida una **‘recentralización’ de competencias** y advierte de que podría extender el dominio público hasta zonas urbanas consolidadas, como puertos, lonjas y almacenes. La consellería de Ángeles Vázquez alerta de que la reforma, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, **‘complicará la gestión de infraestructuras clave’** en un litoral con singularidades como las rías, donde los temporales penetran más hacia el interior.
El conflicto trasciende Galicia: **Andalucía, Valencia, Murcia, Baleares y Cantabria** ya han remitido una carta conjunta a la ministra Sara Aagesen para exigir que sus alegaciones se trasladen a la Comisión Europea. Las seis comunidades acusan al Gobierno de **‘invadir competencias autonómicas’** y de amenazar actividades económicas vinculadas a la costa, aunque el Ejecutivo defiende que la reforma busca **‘aplicar un principio de precaución’** ante riesgos de inundación, sin expropiaciones ni limitaciones económicas.
El reglamento, que reactiva criterios anulados por el Tribunal Supremo en 2022, también habilita a la Dirección General de la Costa y el Mar a revisar de oficio el DPMT en tramos donde eventos extremos demuestren una penetración mayor del agua. La Xunta, que ha solicitado el amparo del Consejo de Estado, reclama **‘transparencia en las concesiones’**, como exige Bruselas, pero denuncia que el Gobierno **‘endurece el régimen’** con el pretexto de ajustarse a la Directiva de Servicios.
El traspaso de competencias a Galicia en 2025 no ha frenado la tensión: el Ejecutivo autonómico, liderado por Alfonso Rueda, insiste en que la reforma **‘genera inseguridad jurídica’** para empresas, ayuntamientos y servicios públicos en el litoral, mientras el Gobierno mantiene su postura de que la delimitación del DPMT es **‘competencia exclusiva estatal’** según el artículo 132 de la Constitución.
Sigue la cobertura: Rueda exige al Gobierno retirar el cambio en Costas que amenaza 2.500 viviendas gallegas
