Actualización (01 de octubre a las 09:35):
El Gobierno negocia en última hora para aprobar el martes un texto que congela precios y castiga a grandes tenedores, pero Junts amenaza con bloquearlo si perjudica a pequeños propietarios
Isabel Rodríguez tiene hasta el lunes para cerrar el real decreto-ley de vivienda que el Gobierno aprobará el martes, pero las negociaciones con sus socios de investidura —especialmente Junts y Podemos— han convertido el texto en un pulso entre proteger a inquilinos y evitar el rechazo de partidos que representan a pequeños propietarios.
El conflicto central es la prórroga de contratos de alquiler: ERC y Podemos exigen congelar precios por dos años, mientras Junts y el PNV temen ahuyentar a arrendadores. El Ministerio de Vivienda busca fórmulas para no perjudicar a estos últimos, pero la presión social —con 80 tiendas de campaña en Sol desde el desahucio de Maricarmen— obliga a medidas contundentes. El Sindicato de Inquilinas ya ha exigido contratos indefinidos al estilo británico.
Hay un punto de acuerdo: todos los socios, incluidos Junts y Podemos, apoyan medidas contra fondos buitre. El secretario general de Junts, Jordi Turull, condicionó su voto a que el Gobierno «pare los pies» a estos fondos, pero el texto aún no incluye herramientas concretas para hacerlo. ERC, por su parte, reclama dar más autonomía a los ayuntamientos para subir el IBI a grandes tenedores.
El tiempo apremia: el Ministerio de Vivienda dispone de apenas 36 horas para cerrar un acuerdo que no puede ser de mínimos por la presión social derivada del desahucio de Maricarmen que ha cristalizado en la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Si el decreto no convence a Junts y el PNV, podría nacer herido de muerte. Sumar ya advirtió que no asistirá al Consejo de Ministros si el paquete no es «contundente». Mientras, la acampada de Sol sigue en pie, pendiente de si el texto responde a sus demandas.
La ministra Isabel Rodríguez reconoce negociaciones con partidos para limitar la suspensión de desahucios y rebajar el IVA turístico al 10%, mientras el texto se somete a votación el viernes en el Congreso
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, aprobó el martes en el Consejo de Ministros un decreto de vivienda dividido en dos textos que el Gobierno someterá a votación el viernes 4 de octubre en el Congreso. La convalidación parlamentaria será clave para que las medidas —incluyendo una moratoria de desahucios hasta finales de 2030 y ayudas fiscales para inquilinos— entren en vigor. El texto, negociado con Junts para asegurar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, abandona posiciones iniciales como la prohibición indefinida de desahucios o la subida del IVA turístico al 21%.
El decreto más amplio, que contiene el grueso de las medidas, es fruto de meses de diálogo con grupos parlamentarios. Según Rodríguez, la moratoria de desahucios —originalmente planteada como indefinida— se limita a cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2030) para lograr el acuerdo con Junts. La ministra reconoció que este plazo temporal fue una cesión política, tras el rechazo previo de la formación independentista —junto al PP y Vox— a dos intentos anteriores de aprobar suspensiones similares en 2026.
El texto también incluye deducciones fiscales en el IRPF para inquilinos con ingresos anuales de hasta 33.000 euros, así como una línea de ayudas para la compra de vivienda a través del ICO, con préstamos al 0% de interés que cubren hasta el 20% del valor de la vivienda (máximo 50.000 euros). Estas medidas responden a las reclamaciones de Junts, que había exigido bonificaciones para aliviar el pago de alquileres e hipotecas.
El segundo decreto, centrado en contratos de alquiler indefinidos, apenas ha sido negociado y se suma a las medidas para responder a la movilización social tras el desahucio de Maricarmen, que impulsó la presión sobre el Gobierno.
El precedente de Junts: cómo el rechazo a dos moratorias anteriores forzó las cesiones
Junts ya había bloqueado en dos ocasiones este año la suspensión de desahucios. Primero, dentro del decreto que incluía la subida de pensiones para 2026, y luego en un texto aparte del llamado ‘escudo social’. En ambos casos, el Gobierno pactó con el PNV para excluir a propietarios de dos o menos viviendas de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. Ahora, con la presión social aumentada tras el caso de Maricarmen, el Ejecutivo ha optado por limitar la moratoria a cuatro años en lugar de mantenerla indefinida, como inicialmente proponía su departamento.
La regulación del alquiler de habitaciones —otro de los puntos conflictivos— también ha sido negociada. El decreto estatal no se aplicará en comunidades con normativas propias, como Cataluña, donde Junts ha mostrado recelo hacia medidas como la limitación de subidas de alquileres o la prórroga de contratos. La iniciativa bebe de un texto pactado en 2024 por PSOE, PNV y partidos de izquierda, pero nunca votado definitivamente.
El IVA turístico y las ayudas: qué cedió el Gobierno y qué ganó Junts
El decreto rebaja la subida del IVA de los pisos turísticos del 21% al 10%, una cesión directa a Junts, que consideraba excesiva la medida. Rodríguez admitió que este ajuste forma parte del diálogo mantenido con los grupos. La subida al 10% ya se aplicaba en algunos casos cuando se prestaban servicios complementarios, como la limpieza.
Por otro lado, el texto incluye bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos bajos y medios, así como ayudas para la compra de vivienda. Estas medidas responden a las demandas de Junts, que había solicitado deducciones para aliviar el pago de alquileres e hipotecas. La nueva línea de préstamos del ICO —con intereses nulos y hasta 50.000 euros— busca facilitar el acceso a la vivienda para familias con perfiles solventes pero sin ahorros suficientes para la entrada.
Votación el viernes 4 de octubre y futuro de la investidura
Los dos decretos se votarán el viernes 4 de octubre en el Congreso. Su convalidación será decisiva para que las medidas entren en vigor, especialmente la moratoria de desahucios, que depende del apoyo de Junts. La formación independentista ha mostrado críticas puntuales, pero su respaldo será clave para reeditar la mayoría de Sánchez en la investidura.
El texto también busca desbloquear una proposición de ley sobre alquiler de temporada y habitaciones, que lleva dos años paralizada por falta de acuerdo. El decreto estatal evita aplicar su regulación en comunidades con normativas propias, como Cataluña, donde Junts ha insistido en que esta competencia es autonómica.
Mientras, la presión social por los desahucios —amplificada tras el caso de Maricarmen— sigue siendo un factor clave. El Gobierno ha intentado equilibrar las demandas sociales con las negociaciones parlamentarias, pero el resultado final dependerá de cómo Junts, PP y Vox voten los decretos en el Congreso.
La convalidación de un real decreto-ley exige mayoría simple en el Congreso, no la mayoría absoluta que requiere una reforma constitucional, pero el Ejecutivo no cuenta con una mayoría estable y depende de socios como Junts, PNV o los grupos a la izquierda del PSOE. Si alguno de los dos textos decae en la votación del viernes, sus medidas decaerán con él y el Gobierno tendría que recurrir a un nuevo proyecto de ley, un procedimiento más lento que volvería a exponer la norma a enmiendas y a un nuevo calendario parlamentario. La división en dos decretos responde precisamente a esa aritmética: separar el bloque más negociado del que incorpora los contratos indefinidos reclamados por el Sindicato de Inquilinos y los partidos a la izquierda del PSOE, para no arrastrar uno al otro en caso de rechazo.
El origen de esta urgencia legislativa está en la movilización social posterior al desahucio de Maricarmen, que colocó la política de vivienda en el centro del debate público y forzó al Gobierno a acelerar una norma que llevaba meses prometiendo. Esa presión explica también que el Ejecutivo haya aceptado limitar la moratoria a cuatro años en lugar de mantenerla indefinida, y que la ministra haya reconocido abiertamente que el segundo decreto apenas ha sido negociado. El resultado del viernes medirá, por tanto, no solo el apoyo parlamentario a las medidas concretas, sino la capacidad del Gobierno de sostener su mayoría en un asunto de alto impacto social.
Sigue la cobertura: Los decretos de vivienda del Gobierno podrían acabar en litigios masivos
