El Tribunal Supremo suspendió el derecho al voto de los ‘nietos del exilio’, pero el registro sigue en aumento por solicitudes pendientes
INE y la Junta Electoral Central confirman que el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) en la Comunidad Valenciana ha aumentado un 21% desde 2022, cuando entró en vigor la Ley de Memoria Democrática. Esta norma reconocía la nacionalidad —y el derecho al voto— a descendientes de exiliados republicanos y a hijos de mujeres que perdieron la ciudadanía al casarse con extranjeros antes de 1978.
Aunque el plazo para solicitar la inclusión en el censo cerró en octubre de 2025, la tramitación de expedientes sigue activa. El Tribunal Supremo suspendió en 2024 el derecho al voto de estos ‘nietos del exilio’, pero el registro de solicitantes sigue creciendo por casos aún en revisión.
La ley, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, fue criticada por el PP y Vox por su impacto presupuestario y su alcance retroactivo. Según datos de la Junta Electoral Central, la Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor crecimiento en solicitudes, superando el promedio nacional del 15%.
El aumento refleja tanto el interés de la diáspora valenciana como la lentitud en la resolución de expedientes administrativos, que en algunos casos se prolongan más de un año.
El impacto de la suspensión del Tribunal Supremo
El fallo del Tribunal Supremo en 2024 anuló el derecho al voto de los beneficiarios de la ley, argumentando que la concesión de la nacionalidad no podía extenderse a derechos políticos sin un proceso parlamentario previo. Sin embargo, el censo sigue activo porque los solicitantes mantienen su condición de ‘potenciales votantes’ hasta que se resuelva su situación definitiva.
La Junta Electoral Central ha aclarado que, aunque no puedan votar en las próximas elecciones, estos ciudadanos siguen inscritos en el censo y podrían recuperar el derecho si el Supremo o el Congreso modifican su postura. La Comunidad Valenciana, con una diáspora histórica en Latinoamérica, es una de las regiones más afectadas por esta suspensión.
¿Qué pasa ahora con los solicitantes?
Los expedientes pendientes —alrededor de 3.000 solo en la Comunidad Valenciana, según estimaciones de la Junta Electoral Central— dependen ahora de una posible reforma legal o de un nuevo fallo judicial. Mientras tanto, las oficinas consulares siguen recibiendo solicitudes, aunque sin garantías de éxito.
El PSOE ha defendido la ley como un acto de justicia histórica, mientras que el PP y Vox exigen su derogación. La Comunidad Valenciana, con una fuerte presencia de descendientes de exiliados en países como Argentina y México, podría verse especialmente afectada si la suspensión se mantiene.
El caso refleja la tensión entre memoria histórica y derechos políticos, con implicaciones que van más allá de las elecciones: afecta a la representación de la diáspora española y al debate sobre cómo equilibrar justicia y legalidad en casos retroactivos.
