La intervención militar busca evitar nuevos desbordes como el del viernes, mientras el presidente ceutí alerta de condiciones inapropiadas para su vulnerabilidad
El Ejército ha comenzado este lunes a apoyar a la Policía Nacional en Ceuta para gestionar las colas de menores migrantes no acompañados que esperan su identificación y registro frente a la Jefatura de Policía local. La medida responde a los incidentes del pasado viernes, cuando las aglomeraciones se descontrolaron y los agentes perdieron el orden público.
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha cifrado entre 8.000 y 11.000 los migrantes magrebíes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de más de 80.000 personas en semanas anteriores. Vivas ha advertido de que estos menores, muchos de ellos en situación de calle, enfrentan condiciones «inapropiadas para su vulnerabilidad». La mayoría de los llegados en la última oleada regresaron a Marruecos, lo que evitó un colapso mayor, pero la presión sobre los recursos locales persiste.
La situación fue abordada en una reunión entre Vivas y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Aunque el texto fuente no detalla acuerdos concretos, la presencia militar —limitada a labores de apoyo logístico— marca un cambio en la gestión de la crisis, que hasta ahora recaía exclusivamente en las fuerzas de seguridad del Estado. La Policía Nacional mantiene la competencia en identificación y registro, mientras los militares refuerzan el control de accesos y la organización de las colas.
Ceuta carece de competencias en materia de migración, que son exclusivas del Gobierno central. Sin embargo, el Ayuntamiento ha solicitado en repetidas ocasiones mayor coordinación y recursos para atender a los menores, muchos de los cuales duermen en la calle o en instalaciones improvisadas. La Fiscalía de Menores ya investiga posibles casos de tráfico de personas vinculados a las llegadas masivas, aunque no se han hecho públicos datos concretos sobre detenciones o procesos judiciales.
El precedente más cercano es la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas —incluyendo menores— cruzaron la frontera en 48 horas. En aquella ocasión, el Gobierno desplegó al Ejército para reforzar la vigilancia perimetral, pero no intervino en la gestión de colas. La diferencia ahora radica en la duración del problema: mientras en 2021 la situación se resolvió en días, la acumulación actual se prolonga desde hace semanas, con picos de llegadas diarias que saturan los dispositivos de identificación.
Fuente: El Debate
