La bolsa de demanda en la capital supera los límites históricos mientras el presidente de Vimcorsa alerta de un problema nacional y apunta a la falta de recursos estatales como causa principal
La bolsa de solicitudes de viviendas de protección oficial (VPO) en Córdoba rozaba las **7.500 peticiones** a principios de agosto, según datos de Viscosa, la empresa municipal que gestiona el parque público de vivienda en la capital. Miguel Ángel Torrico, presidente de Viscosa, ha calificado la situación como un **problema de escala nacional** y ha señalado directamente al **Gobierno de España** como principal obstáculo para aliviar la presión.
Torrico no ha concretado cifras de demoras ni plazos de espera, pero la acumulación de solicitudes —casi el doble que en años anteriores, según datos históricos de la empresa— refleja un colapso en la asignación de viviendas protegidas. La empresa gestiona un parque de **más de 3.000 viviendas en alquiler social**, pero la demanda supera en más del **150%** la oferta disponible, según cálculos internos citados por el presidente.
El problema trasciende Córdoba: Torrico ha vinculado la crisis a la **falta de transferencias estatales** para ampliar el parque público, un tema recurrente en el debate sobre vivienda a nivel nacional. Mientras, en la capital andaluza, el **80% de las solicitudes** corresponden a familias con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), según datos de Viscosa, lo que agrava la urgencia social.
La situación contrasta con el contexto autonómico: Andalucía aprobó en 2025 un **plan de 500 millones** para VPO, pero el 60% de los fondos depende de aportaciones del Estado, que hasta ahora no han llegado en su totalidad. Torrico ha insistido en que, sin recursos adicionales, la bolsa de solicitudes **crecerá un 20% anual** en los próximos tres años.
