La coalición valenciana registra preguntas parlamentarias sobre el traslado de 41 unidades Civia desde Madrid, con antigüedad de hasta 23 años, en lugar de material nuevo
La diputada de Compromís Àgueda Micó ha registrado preguntas escritas en el Congreso para que el Gobierno explique los criterios aplicados por Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al destinar a la red de Cercanías de Valencia 41 trenes Civia 465 procedentes de Madrid, con entre 14 y 23 años de antigüedad, en lugar de unidades de nueva fabricación.
Micó cuestiona por qué se ha optado por material rodante usado, con una inversión no detallada para su traslado, reacondicionamiento y puesta en servicio en las líneas C-1, C-2 y C-6 de Valencia. El Ministerio anunció esta semana un incremento del 30% en la capacidad de estas líneas, sustituyendo los 34 trenes Serie 447 y los siete Serie 464 actuales por las 41 unidades Civia 465, presentadas como «más modernas y de mayor capacidad». El ministro Óscar Puente visitó Xàtiva el pasado martes para inaugurar el inicio de este despliegue.
La formación valenciana exige al Ejecutivo central que justifique si considera «suficiente» la renovación con trenes de hasta 23 años y que detalle la planificación para una renovación integral del parque ferroviario valenciano. También pregunta por las razones para priorizar material usado sobre unidades nuevas y si esta decisión responde a criterios de equidad, dado «las deficiencias estructurales y la falta de financiación» que, según Compromís, arrastra el servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana.
Micó ha criticado que Valencia reciba «trenes de segunda mano que Madrid ya no quiere», reclamando explicaciones sobre el calendario de incorporación y la inversión total prevista. El Ministerio no ha respondido aún a estas preguntas, que se enmarcan en un contexto de tensiones recurrentes entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana por la financiación de infraestructuras.
La polémica refleja un debate más amplio sobre la distribución de recursos ferroviarios entre comunidades autónomas, donde la antigüedad del material y la priorización de inversiones suelen generar conflictos políticos. El anuncio del Ministerio, que vincula el traslado a una mejora de capacidad, contrasta con las críticas de Compromís, que lo interpreta como una solución provisional que perpetúa desigualdades en el servicio.
