El Gobierno regional asume la restauración ambiental de 34.444 hectáreas y aprueba ayudas directas de hasta 60.000 euros para afectados
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha movilizado 22,5 millones de euros para reparar los daños del incendio de La Mierla, declarado extinguido el 4 de septiembre, en un territorio que afecta a 38 municipios y 34.444,7 hectáreas, un 23 % de ellas dentro del parque natural.
La mayor partida, 16 millones, se destinará a restauración hidrológico-forestal en un plazo de 12 meses, con actuaciones urgentes para evitar que las cenizas lleguen a embalses. Se intervendrá en 125 kilómetros de fajinas, se construirán o repararán 4.300 albarradas y se trabajarán más de 70 puntos de agua. Además, se gestionarán los árboles quemados y se aplicarán tratamientos fitosanitarios en 1.000 hectáreas.
Por primera vez, la Junta asumirá la recuperación ambiental de los montes de titularidad municipal, tras la solicitud de todos los ayuntamientos afectados. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, detalló que el plan incluye también la reparación de 56,7 kilómetros de caminos rurales, dañados durante la extinción, con una inversión de 1 millón de euros y plazo hasta diciembre.
El Ejecutivo regional aprobó dos decretos de ayudas directas: uno para agricultores y ganaderos, con compensaciones de hasta 60.000 euros por explotación por pérdidas de cosechas o animales, y otro para empresas, con hasta 10.000 euros (5.000 fijos + 1.000 por trabajador contratado). Los alojamientos turísticos podrán recibir hasta 25.000 euros, según su capacidad.
El paquete se completa con tres líneas de financiación bajo el programa «Renace», vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027: avales del 100 % por hasta 300.000 euros, préstamos sin intereses de hasta 75.000 euros para autónomos, y créditos de 300.000 euros al 0 % para reponer bienes. La Junta y la Diputación de Guadalajara coordinarán las actuaciones, incluyendo posibles ayudas del Estado.
En el capítulo de ayudas directas, el decreto para explotaciones agrícolas y ganaderas contempla también compensaciones por el incremento de los costes de alimentación del ganado durante los próximos seis meses. La cuantía se calculará en función de factores como las cabezas de ganado y los pastos declarados, con el límite máximo ya citado de 60.000 euros por explotación.
La reparación de los caminos rurales, encomendada a la empresa pública Tragsa, arrancó ya en agosto y responde al deterioro sufrido por el paso de la maquinaria pesada durante las labores de extinción. El objetivo es recuperar la movilidad de los vecinos de los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del plan.
