Emiliano García-Page cumple su compromiso con sindicatos y activa la ley para evitar la fuga de médicos en zonas rurales
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha iniciado este miércoles el trámite parlamentario para aprobar antes de fin de año una ley que garantizará la estabilidad laboral en la sanidad pública regional. La norma, pactada con los sindicatos, busca frenar la despoblación médica en zonas rurales y evitar la precariedad de los profesionales.
Según ha confirmado el Gobierno autonómico, el texto legal se presentará en las próximas semanas y entrará en vigor en 2027. La medida incluye medidas como la consolidación de plazas temporales en fijos y la creación de un sistema de incentivos para retener a médicos en áreas con menos población.
La decisión responde a una demanda histórica de los sindicatos, que denuncian desde hace años la falta de estabilidad en la carrera profesional sanitaria. Castilla-La Mancha, con una de las tasas más altas de envejecimiento de España, enfrenta un desafío demográfico que amenaza con agravar la escasez de profesionales en zonas como Toledo, Cuenca o Albacete.
El compromiso con los sindicatos y el calendario legislativo
El anuncio de García-Page cumple una promesa electoral y un acuerdo alcanzado con CCOO y UGT en 2025. Ambos sindicatos habían exigido durante meses una ley que pusiera fin a la temporalidad en la sanidad, un problema que afecta a más de 12.000 trabajadores del sector en la región. La ley, según fuentes del Gobierno regional, se tramitará con urgencia para aprobarse antes de que termine el año, aunque su aplicación completa no será efectiva hasta 2027.
El texto incluirá cláusulas para evitar la fuga de médicos a otras comunidades autónomas, un fenómeno que se ha agravado en los últimos cinco años. Según datos de la Consejería de Sanidad, Castilla-La Mancha pierde cada año entre 300 y 500 profesionales sanitarios, muchos de ellos jóvenes que buscan estabilidad en otras regiones.
Impacto en la despoblación y el sistema sanitario
La medida llega en un momento crítico para el sistema sanitario regional, donde el 40% de los centros de salud en zonas rurales operan con menos del 70% de su plantilla. La ley no solo busca retener a los profesionales actuales, sino también atraer a nuevos médicos a través de bonificaciones y mejoras salariales en áreas despobladas.
Sin embargo, la oposición en el Parlamento autonómico ya ha advertido de que la ley podría suponer un coste adicional para las arcas regionales. El Partido Popular ha criticado que la medida no incluye un plan de financiación detallado, mientras que Podemos ha pedido que se amplíen las ayudas a residencias de ancianos, otro sector con graves problemas de plantilla.
García-Page ha defendido que la ley es «imprescindible» para garantizar la atención sanitaria en toda la región, especialmente en áreas donde los pacientes tienen que desplazarse más de 50 kilómetros para recibir atención especializada.
