Fernando Clavijo aprovecha la presidencia irlandesa para impulsar una ley europea que limite la adquisición de segundas residencias en zonas con alta demanda turística
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha utilizado la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea para impulsar una estrategia que limite la compra de viviendas por parte de extranjeros en zonas con alta presión turística. En una reunión en Dublín con John Cummis, secretario de Estado de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio de Irlanda, Clavijo ha destacado que la negociación de la Ley de Vivienda Asequible que impulsa Bruselas abre una «ventana de oportunidad» para defender el acceso a la vivienda de los residentes locales.
La iniciativa canaria busca integrar en el texto europeo medidas que restrinjan la adquisición de propiedades por parte de no residentes en áreas con desequilibrios entre oferta y demanda, un problema que afecta especialmente a las Islas. Irlanda, como país con experiencia en regulación de mercados inmobiliarios, ha mostrado interés en colaborar con Canarias para alinear sus políticas con las directrices que se negocian a nivel comunitario.
La propuesta canaria se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el encarecimiento de la vivienda en zonas turísticas, donde la compra masiva de pisos por parte de inversores extranjeros ha reducido el parque de alquiler disponible para la población local. Según datos del Gobierno autonómico, en las Islas el precio de la vivienda ha aumentado un 40% en la última década, superando la media nacional.
El precedente de la presión autonómica en Bruselas
Esta no es la primera vez que una comunidad autónoma española recurre a instancias europeas para abordar problemas de vivienda. En 2023, Baleares logró incluir en la agenda de la Comisión Europea una propuesta para regular el alquiler turístico, que finalmente derivó en directrices no vinculantes. Sin embargo, el caso canario difiere en su enfoque: mientras Baleares buscaba limitar el impacto del turismo masivo, Canarias apuesta por una medida más amplia que afectaría directamente a la propiedad de viviendas por parte de no residentes, un tema que hasta ahora no había sido abordado con tanto detalle en el ámbito comunitario.
La estrategia de Canarias se basa en dos ejes: por un lado, la presión sobre Irlanda para que incluya cláusulas específicas en la ley europea que se negocia; por otro, la búsqueda de aliados entre otras regiones europeas con problemas similares, como Portugal (con su mercado de alquiler en Lisboa y Oporto) o Grecia (en zonas como Atenas o las islas del Egeo). La presidencia irlandesa, que finaliza en diciembre, es clave para avanzar en este proceso, ya que Irlanda tiene experiencia en regular mercados inmobiliarios y podría actuar como puente entre las demandas canarias y las instituciones de Bruselas.
¿Qué se juega cada actor?
Para Fernando Clavijo, el éxito de esta estrategia podría consolidar a Canarias como referente en la lucha por una vivienda asequible en Europa, reforzando su posición en las negociaciones futuras con la UE. Sin embargo, el principal obstáculo será convencer a otros Estados miembros de que una regulación de este tipo no perjudica la inversión extranjera, un tema sensible en países como Alemania o Países Bajos, donde el mercado inmobiliario depende en gran medida de capital internacional.
Por su parte, la Comisión Europea deberá equilibrar las demandas autonómicas con las directrices de libre circulación de capitales, un pilar del mercado único. Si la ley europea incluye medidas demasiado restrictivas, podría enfrentarse a recursos por parte de inversores o gobiernos que consideren que vulnera el principio de libre competencia. Irlanda, como país que preside el Consejo, tiene un papel decisivo: si apoya activamente la propuesta canaria, aumentan las posibilidades de que el texto final incluya cláusulas que limiten la compra de viviendas por no residentes en zonas con alta presión.
En el plano político interno, la medida podría ser bien recibida por partidos como Podemos o Sumar, que han defendido en el Congreso la necesidad de regular el mercado inmobiliario, pero también generaría resistencia en sectores económicos que dependen del turismo, como la patronal hotelera canaria. La oposición, liderada por el PP, podría criticar la estrategia como una intromisión en competencias europeas, aunque en el pasado ha apoyado medidas similares en el ámbito autonómico.
