La Fiscalía y alegaciones de arraigo paralizan el 20% de las derivaciones previstas, en un sistema que ya ha reubicado a 2.273 menores desde 2023
El Gobierno de Canarias ha dejado en las Islas a 541 menores migrantes no acompañados que tenían su traslado a otras comunidades autónomas ya iniciado. La cifra, que representa uno de cada cinco casos previstos, se debe a alegaciones presentadas por los propios menores —que invocaron arraigo en el Archipiélago— o a decisiones de la Fiscalía, que paralizó procedimientos por dudas sobre la mayoría de edad de algunos.
Desde que comenzaron las derivaciones en 2023, 2.273 menores han sido reubicados en centros de otras regiones. El sistema se articula en tres vías: 1.200 menores trasladados por protección internacional tras autos del Tribunal Supremo que obligaron al Estado a asumir su acogida, 364 mediante la modificación de la Ley de Extranjería, y 709 por la ‘vía exprés’, creada para agilizar los traslados de los llegados después de la declaración de contingencia migratoria el 29 de agosto de 2023. Esta última establecía un plazo de 15 días para completar los traslados, aunque en la práctica muchos se prolongaron más de un mes.
La directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, explicó que los menores fueron escuchados en cada fase del proceso y que algunos cambiaron de postura durante el mismo. «Muchos de los que en un principio presentaron alegaciones terminaron por decir que sí querían irse», señaló. Rodríguez defendió que el Ejecutivo autonómico nunca forzó los traslados: «Jamás los hubiésemos obligado a subir a un avión». La saturación de la red de acogida en Canarias —que triplicó su capacidad inicial— ha sido un factor clave en la gestión, según fuentes del Gobierno regional.
El conflicto entre el Ejecutivo canario y el Gobierno central por la acogida de menores migrantes se remonta a 2023, cuando el Tribunal Supremo instó al Estado a asumir la protección de más de un millar de solicitantes de asilo. La tensión persiste: mientras Canarias alega falta de recursos, el Gobierno central ha priorizado la redistribución para aliviar la presión en las Islas. La ‘vía exprés’ buscaba acelerar los traslados, pero su aplicación irregular —con plazos incumplidos— ha generado críticas por parte de las autoridades autonómicas.
La Fiscalía, por su parte, ha intervenido en casos donde existían dudas sobre la edad de los menores, un requisito legal para su inclusión en el sistema de protección. Las alegaciones de arraigo, aunque menos frecuentes, reflejan la complejidad de un proceso que afecta a menores con trayectorias diversas, algunos de los cuales han desarrollado vínculos en Canarias durante su estancia en centros de acogida.
