El ministro advierte de que cada desahucio tras la votación llevará los nombres de los diputados que rechacen las medidas, que incluyen contratos indefinidos
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, acusó el viernes en el Congreso a PP, Vox y Junts de dejar «desprotegidos a millones de españoles» al bloquear los dos decretos de vivienda que se votaban minutos después. Con un discurso cargado de confrontación de clase, denunció que su rechazo beneficiaría a una «oligarquía internacional» que extrae rentas del salario de los trabajadores, mientras cinco millones de inquilinos —incluidos los que cobran el ingreso mínimo vital— verían vencidos sus contratos sin protección.
El decreto que establece contratos de alquiler indefinidos prorrogaría sin subida de precio durante dos años a cinco millones de hogares, según Bustinduy. También están en juego la congelación de precios en otros alquileres, el fraude en contratos de temporada y la protección antidesahucios. «Cada desahucio que se produzca a partir de esta votación llevará los nombres y apellidos de quienes voten que no», advirtió, dirigiéndose directamente a los diputados de las tres formaciones.
Bustinduy cifra en cinco millones los afectados
Bustinduy enmarcó el debate como un conflicto de clase. Bustinduy recordó que «ningún derecho se ha regalado»: desde el ingreso mínimo vital hasta las pensiones, todos se han «arrancado» a las oligarquías mediante lucha organizada. El ministro confió en que la presión social revierta el rechazo de PP, Vox y Junts a los decretos.
Sin embargo, su tramitación parlamentaria se ha convertido en un termómetro político. Si prosperan, España seguiría el ejemplo de países como Portugal o Francia, donde medidas similares han reducido la precariedad en el alquiler. Si fracasan, el Gobierno deberá buscar alternativas, posiblemente mediante leyes orgánicas, un proceso más lento que exigiría mayorías cualificadas.
La votación, prevista para el viernes
Lo que está en juego va más allá de la aritmética parlamentaria: es una prueba de fuerza entre un Gobierno que apuesta por regular el mercado inmobiliario y una oposición que defiende la libertad de precios. Bustinduy afirmó que la gente se ha levantado y ha dicho que no le representan. La votación, prevista para hoy, será el primer test de si ese clamor social logra traducirse en votos.
