La asociación valenciana reclama supresión de limitaciones en reparaciones agrarias y compensaciones por terrenos expropiados tras inundaciones
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto de gestión de riesgos de inundación para exigir al Gobierno que priorice las infraestructuras hidráulicas como medida clave contra las riadas, tras la tragedia de la dana de octubre de 2024 que dejó 231 muertos.
El sindicato agrario denuncia que el Ejecutivo restringe las soluciones a limitaciones de suelo, adaptación de edificios y protección civil, sin abordar la construcción o mantenimiento de presas, embalses o sistemas de regulación fluvial. Según sus cálculos, la presa de Forata evitó en 2024 daños por 1.682 millones de euros y protegió a 5.638 personas, reduciendo un 25-30% los caudales punta y retrasando la llegada de las avenidas entre 10 y 20 minutos.
La normativa actual prohíbe reparar instalaciones agrarias si aumentan ocupación o volumen, lo que AVA considera un obstáculo para recuperar la actividad tras inundaciones. También reclama compensaciones económicas por terrenos que pasen a Dominio Público Hidráulico tras crecidas extraordinarias, mediante expropiación forzosa valorada antes del episodio.
El Ministerio para la Transición Ecológica ya reconoció en 2024 que las infraestructuras hidráulicas son esenciales para reducir el riesgo de inundación, pero el proyecto de Real Decreto no las incluye como prioridad. La AVA advierte de que sin un plan integral, la Comunidad Valenciana seguirá vulnerable ante lluvias torrenciales cada vez más frecuentes.
El Gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón (PP), ha mostrado en anteriores ocasiones su apoyo a inversiones en infraestructuras hidráulicas, pero depende de fondos estatales para ejecutarlas. La falta de acuerdo entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas en materia de gestión del agua ha retrasado proyectos como la ampliación del embalse de Tous o la modernización de redes de drenaje.
En sus alegaciones, AVA solicita que la gestión integral de la Administración contemple la identificación, planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas existentes, proyectadas o que resulten necesarias para reducir los efectos de las avenidas extraordinarias y proteger a las personas, las actividades económicas, las explotaciones agrarias y el territorio.
