La Asamblea aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que permite la suspensión definitiva de fiscales imputados formalmente
La Asamblea Legislativa de Bolivia ha destituido definitivamente al fiscal general Roger Mariaca, acusado de proteger al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y ha nombrado al abogado José Armando Urioste como máxima autoridad interina del Ministerio Público. La decisión, adoptada este sábado tras una sesión que se prolongó hasta la medianoche del viernes, incluye una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que permite la suspensión definitiva de fiscales imputados por delitos graves.
Mariaca, detenido en marzo de 2026 tras la captura de Marset —con ayuda de la DEA y su posterior expulsión a Estados Unidos—, fue destituido tras aprobarse la reforma legal que incorpora el mecanismo de suspensión definitiva para fiscales imputados. Prioste, elegido con más de dos tercios de los votos en una votación que enfrentó a tres candidatos, asumirá el cargo interino hasta que se resuelva el proceso judicial contra Mariaca.
La reforma legal aprobada establece que un fiscal general puede ser suspendido definitivamente si está formalmente imputado o sujeto a medidas cautelares por delitos penados con prisión. Este cambio normativo, impulsado por la Asamblea, busca garantizar la independencia del Ministerio Público en casos de corrupción o colusión con el crimen organizado.
El caso Marset y las acusaciones contra Mariaca
El Ministerio de Gobierno de Bolivia ha vinculado a Mariaca con la protección al narcotraficante Sebastián Marset, capturado en marzo de 2026 en una operación conjunta entre la Policía boliviana y la DEA. Marset, de nacionalidad uruguaya, fue expulsado a Estados Unidos tras su detención, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas. Las acusaciones contra Mariaca, exjefe del Ministerio Público, sugieren que su gestión facilitó la impunidad de redes criminales vinculadas al narcotráfico.
Destitución de Mariaca y nombramiento de Prioste revelan crisis institucional
La destitución de Mariaca y la elección de Prioste como interino reflejan una crisis institucional en Bolivia, donde el Ministerio Público ha sido señalado en repetidas ocasiones por su supuesta falta de autonomía frente a intereses políticos. La reforma legal aprobada podría sentar un precedente para futuros casos de corrupción en la fiscalía, aunque su aplicación dependerá de la voluntad política y judicial para investigar a fondo estos casos. Mientras tanto, Prioste enfrenta el desafío de restaurar la confianza en una institución clave para la lucha contra el crimen organizado en el país.
