El Consejo Consultivo avala la decisión de la Junta de no indemnizar a extrabajadores de empresas en crisis
El Consejo Consultivo de Andalucía ha respaldado este jueves la decisión de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía para desestimar una reclamación de responsabilidad patrimonial que pedía una indemnización de 4,3 millones de euros. La demanda, presentada por colectivos de extrabajadores de empresas en crisis, cuestionaba el uso de partidas destinadas a ayudas sociolaborales durante la etapa socialista en la comunidad autónoma.
La reclamación se centraba en el rescate de fondos públicos asignados originalmente a programas de apoyo a trabajadores afectados por despidos masivos o quiebras empresariales. Según el texto fuente, la Junta argumentó que dichas partidas fueron reorientadas —no malversadas— para evitar un colapso en la prestación de servicios sociales críticos durante la pandemia y la posterior crisis económica.
El Consejo Consultivo, órgano consultivo de la Junta, avaló la postura del Gobierno andaluz actual, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), que ha mantenido una línea de reducción de gasto público en políticas sociales desde su llegada al poder en 2022. Este caso se suma a otros en los que la Junta ha rechazado indemnizaciones por decisiones tomadas en gobiernos anteriores, especialmente en áreas como sanidad y educación, donde la transición entre administraciones ha generado tensiones legales.
La decisión afecta directamente a asociaciones de extrabajadores y sindicatos como CCOO y UGT, que han criticado en el pasado la gestión de fondos públicos en Andalucía. Mientras, el PSOE andaluz, en la oposición, podría usar el caso para reforzar su discurso sobre la necesidad de transparencia en la gestión de partidas sociales, especialmente en un contexto de crecimiento del desempleo juvenil (superior al 30% en 2026, según datos de la Junta).
El proceso abre ahora la puerta a un posible recurso judicial por parte de los demandantes, que podrían alegar incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (Ley 40/2015). La Junta, por su parte, ha confirmado que no negociará la indemnización, alineándose con su estrategia de contención presupuestaria en un año electoral (las autonómicas andaluzas están previstas para marzo de 2027).
