El Gobierno andaluz, liderado por Vox, analizará 461 normas y casi 1.000 procedimientos con IA y participación ciudadana
El Gobierno andaluz ha aprobado el martes un plan para eliminar la cita previa en trámites administrativos y crear un buzón de quejas que permita a ciudadanos y empresas denunciar cuellos de botella burocráticos. La medida, liderada por la consejería de Vox, afecta a 461 normas y casi 1.000 procedimientos, con un plazo inicial hasta 2027.
El plan incluye la revisión de 377 procedimientos para reducir plazos y requisitos, sustituyendo autorizaciones previas por declaraciones responsables cuando sea posible. Además, la administración andaluza dejará de solicitar documentos que ya obren en su poder y utilizará inteligencia artificial para optimizar procesos. El buzón de desregulación, que se habilitará en octubre, permitirá a los ciudadanos reportar problemas en primera persona, y sus propuestas serán analizadas para podar normativas obsoletas o redundantes.
La iniciativa, coordinada por la consejería de Manuel Gavira (Vox), forma parte de un decreto de 2019 recuperado para cumplir los acuerdos de legislatura entre PP y Vox. Gavira insistió en que no es un proyecto exclusivo de su partido, sino del Gobierno andaluz en su conjunto. La consejera de Economía, Carolina España, lo calificó como un plan «realmente ambicioso», que complementa el trabajo de los funcionarios con herramientas de IA y análisis de datos.
El plan se enmarca en la línea seguida por Vox en otras comunidades donde gobierna, como Aragón, Extremadura o Castilla y León, donde ya se aplica un buzón similar. En Andalucía, el primer gran proyecto aprobado en el Consejo de Gobierno regional, incluye la creación de una nueva dirección general para la simplificación administrativa, dirigida por Juan Ramón Hernández Moreno, experto en optimización de procesos.
La medida busca garantizar que los ciudadanos conozcan con claridad los requisitos y plazos de cada trámite, evitando duplicidades y simplificando la gestión administrativa. El plan se desarrollará en dos fases: la primera, hasta finales de 2027, analizará normas y procedimientos, mientras que la segunda profundizará en su aplicación.
