El Ministerio de Vivienda prepara una norma que excluye a la comunidad autónoma de ayudas clave para jóvenes y familias con menos recursos
Mercedes Benítez (ABC) — El Gobierno central ha desencadenado una nueva tensión con Andalucía al preparar un real decreto que regula las subvenciones para incrementar la oferta de vivienda asequible. La medida, que aún no ha sido publicada, excluye a la comunidad autónoma de un fondo de ayudas dirigido específicamente a jóvenes y familias con dificultades para acceder a una vivienda, según fuentes consultadas por ABC.
La norma, que se tramita en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha generado rechazo en el Ejecutivo andaluz, que considera que el real decreto desvía recursos que deberían destinarse a una región con una de las tasas más altas de precariedad habitacional de España. Andalucía, junto a Cataluña y el País Vasco, había solicitado una participación activa en la distribución de estas ayudas, pero el texto definitivo las margina.
Las subvenciones, que podrían superar los 1.200 millones de euros según cálculos internos del Ministerio, están enfocadas en impulsar la construcción de viviendas en alquiler social y la rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética. Sin embargo, el real decreto no especifica cómo se distribuirán los fondos entre las comunidades autónomas, lo que ha dejado a Andalucía en una posición de desventaja frente a otras regiones.
El conflicto por la distribución de fondos públicos
El Gobierno central argumenta que la medida busca agilizar la entrega de ayudas a nivel nacional, evitando trámites burocráticos que podrían retrasar su aplicación. No obstante, fuentes del Ministerio de Vivienda han confirmado a este medio que la exclusión de Andalucía responde a un criterio de priorización basado en la capacidad de ejecución de proyectos por parte de las comunidades autónomas. Según estos datos, Andalucía, pese a su alta demanda, no cumple con los plazos establecidos en anteriores convocatorias de ayudas europeas, lo que habría motivado su exclusión.
Esta no es la primera vez que el Gobierno central y la Junta de Andalucía chocan en materia de vivienda. En 2024, el Ejecutivo andaluz denunció que el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 no destinaba suficientes recursos a su comunidad, lo que agravó la crisis de acceso a la vivienda para jóvenes y familias con ingresos bajos. En ese momento, la Junta solicitó una revisión de los criterios de distribución, sin éxito.
¿Qué se juega cada parte?
Para el Gobierno central, la aprobación de este real decreto podría ser clave para cumplir con los objetivos de la Estrategia Nacional de Vivienda 2030, que busca reducir el precio de los alquileres y aumentar el parque de viviendas asequibles en un 20% para finales de la década. Sin embargo, la exclusión de Andalucía podría debilitar su apoyo en una región donde el PSOE mantiene una base electoral sólida, especialmente entre los jóvenes.
Por su parte, la Junta de Andalucía, liderada por Juan Manuel Moreno Bonilla, podría aprovechar este conflicto para reforzar su discurso crítico contra el Gobierno central en materia de políticas sociales. La comunidad autónoma, que enfrenta un aumento del 15% en los precios de la vivienda en los últimos dos años, podría utilizar este real decreto como argumento para exigir una mayor transferencia de competencias o fondos adicionales en la próxima negociación del cupo autonómico.
Mientras tanto, el Ministerio de Vivienda no ha confirmado aún la fecha exacta de publicación del real decreto, aunque fuentes cercanas al Gobierno indican que podría aprobarse antes de final de año. Hasta entonces, Andalucía y otras comunidades afectadas mantendrán su presión para que se revise la distribución de las ayudas.
