El tribunal rechaza suspender la devolución tras informe de ACNUR que descarta necesidad de protección internacional
La Audiencia Nacional ha denegado paralizar la expulsión a Marruecos de un ciudadano marroquí que alegó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid que su vida corría «peligro inminente de muerte» si regresaba a su país. La decisión, recogida en un auto del 3 de agosto, se basa en un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que concluye que el afectado «no parece encontrarse en la necesidad de protección internacional».
El tribunal, a través de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, rechaza así la «medida cautelarísima» solicitada por el recurrente, que pedía permanecer en España mientras se resolvía su caso. La resolución subraya que la versión del marroquí —quien denunció maltratos, amenazas y la amputación de un dedo en su país— carece de «verosimilitud» para los magistrados. El proceso se inició el 13 de julio, cuando un juzgado de Valladolid ordenó su internamiento en el CIE de Madrid, y el Ministerio del Interior denegó su solicitud de protección internacional el 24 de julio.
La decisión de la Audiencia Nacional se enmarca en el procedimiento acelerado de expulsión previsto en la Ley de Extranjería, que permite la devolución en plazos breves si no se acredita un riesgo real para la vida o la integridad física. El informe de ACNUR, citado en el auto, actúa como elemento clave para descartar la necesidad de asilo, aunque organizaciones como CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) han criticado en el pasado la rigidez de estos criterios, especialmente en casos con denuncias de violencia en países con sistemas judiciales frágiles.
El caso refleja la tensión entre los protocolos de seguridad migratoria y la protección de derechos humanos. Mientras el Gobierno defiende que las expulsiones se ajustan a la legalidad, colectivos proinmigración denuncian que el sistema prioriza la rapidez sobre la evaluación individualizada de riesgos. La resolución de la Audiencia Nacional no es definitiva: el recurrente aún puede apelar ante el Tribunal Supremo, aunque el plazo para evitar la expulsión es limitado.
Este precedente podría influir en futuros recursos similares, especialmente en un contexto de aumento de solicitudes de asilo denegadas. Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 se resolvieron 12.453 peticiones de protección internacional, de las que solo el 23% fueron favorables. Marruecos figura entre los países con mayor tasa de denegaciones, junto a Argelia y Senegal.
