Las nuevas normativas incluyen triajes en la frontera, procedimientos acelerados y atención específica a menores y vulnerables
El Gobierno ha aprobado los anteproyectos de ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería, un paso necesario para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en mayo de 2024. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el objetivo es «un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado y garantista» ante la «nueva realidad del fenómeno migratorio».
Las solicitudes de protección internacional han pasado de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 el año pasado, según los datos aportados por Interior. Las nuevas normativas incluyen varias novedades, como los exámenes de algunas solicitudes en la frontera, antes de entrar al país, y un acortamiento de los plazos.
Triajes en la frontera
A través de la reforma de la ley de extranjería, se introduce un triaje para las personas que entran en el país de forma irregular y que incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos como las huellas o la imagen facial, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos. Hasta que no se completa el triaje no se autoriza la entrada al territorio. España fija un plazo de 72 horas para completar el triaje, que puede prorrogarse mediante una decisión judicial, aunque el plazo europeo permite procedimientos de hasta siete días.
Procedimientos acelerados
El nuevo reglamento europeo incluye un procedimiento de examen acelerado de determinadas solicitudes de asilo, que deben resolverse en un plazo de tres meses. El examen debe acelerarse cuando el solicitante se considera un peligro para la seguridad nacional, cuando plantee exclusivamente cuestiones no relacionadas con los requisitos para obtener asilo, ante alegaciones incoherentes, contradictorias o manifiestamente inverosímiles o cuando un tercer país puede considerarse país de origen seguro del solicitante.
La futura legislación busca ordenar cómo se examinan las solicitudes y se regula la acogida de los solicitantes, atendiendo a necesidades particulares o a elementos como la escolarización de menores, la autorización para trabajar, la asistencia sanitaria, las condiciones materiales de acogida y también su reducción o retirada. Además, habrá una «ordenación más clara de su residencia, circulación y documentación».
El Gobierno ha decretado la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta hasta el 31 de diciembre, con un mando único que corresponderá al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En determinados supuestos, el solicitante de asilo deberá permanecer en instalaciones policiales y a disposición de las autoridades, una «cautela» previa a la entrada formal en el país y que busca facilitar la expulsión en el caso de que se deniegue la protección internacional. El plazo máximo de este procedimiento es de 12 semanas.
Casi un mes después de la llegada masiva de 80.000 inmigrantes a Ceuta, el Gobierno aprobó los anteproyectos de ley de asilo y la reforma de la ley de extranjería, reforzando la coordinación entre el Ministerio del Interior y el de Política Territorial. El decreto de interés para la seguridad nacional en Ceuta se emitió el mismo día que la aprobación de los anteproyectos, subrayando la urgencia de adaptar la normativa a la nueva realidad migratoria.
