El Gobierno no ha precisado cuántos migrantes permanecen en la ciudad, cuántos son menores ni las causas del asalto masivo del 30 de julio
Ocho ministros del Gobierno español comparecerán ante el Congreso de los Diputados esta semana y la próxima para responder sobre la crisis migratoria en Ceuta, iniciada el 30 de julio cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera de El Tarayal. Las comparecencias, convocadas en comisiones parlamentarias, buscan esclarecer aspectos clave sin resolver, como el número exacto de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, los fallecidos —82 cadáveres contabilizados en territorio español, sin datos oficiales del lado marroquí— o la protección de los menores no acompañados.
El Gobierno no ha ofrecido cifras precisas sobre cuántas personas cruzaron la frontera ni cuántas siguen en Ceuta. Tampoco ha aclarado el origen de los migrantes —si son mayoritariamente marroquíes o proceden de otros países de Oriente Medio y África subsahariana— ni el papel de Marruecos en el asalto. Testimonios recogidos por La Vanguardia sugieren que las autoridades marroquíes no solo no impidieron el cruce, sino que lo alentaron, aunque no hay confirmación oficial sobre si hubo coordinación con otros países o si las redes sociales jugaron un papel clave en la organización.
Uno de los puntos más controvertidos es la ausencia de la valla flotante en El Tarayal antes del 30 de julio. El Gobierno instaló este dispositivo disuasorio 48 horas después del asalto, pese a que una sentencia del Tribunal Supremo impedía las devoluciones en caliente de migrantes que cruzaran el mar sin obstáculos. La demora ha generado dudas sobre si el dispositivo estaba listo para su despliegue previo y por qué no se actuó con antelación. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el incidente como «una violación de la integridad territorial», pero no convocó el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano previsto para crisis de este tipo.
La gestión sanitaria también ha sido cuestionada. La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que Ceuta contaba con medios suficientes para afrontar la crisis, pero profesionales sanitarios de la ciudad autónoma lo niegan. El Ministerio ha convocado una reunión extraordinaria con las comunidades autónomas para recabar vacunas —como la triple vírica, la varicela o la poliomielitis— ante la proliferación de enfermedades como la sarna o la tuberculosis entre los migrantes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el confinamiento de la ciudad por «riesgo sanitario», una propuesta que García ha rechazado por considerarla injustificada.
La crisis ha tensado las relaciones con Marruecos. El Gobierno marroquí permitió el retorno de parte de los migrantes tras el asalto, pero ha cuestionado la política española de acogida de menores y la soberanía de Ceuta y Melilla. La Unión Europea, por su parte, reaccionó con una carta firmada por 22 países —impulsada por la italiana Giorgia Meloni y la danesa Mette Frederiksen— que criticó la política migratoria española sin mencionar a Marruecos. Sánchez, presidente de la Internacional Socialista, no ha aclarado su postura sobre esta alianza entre formaciones de ultraderecha y socialdemócratas.
