España aplicará la ley de protección a menores migrantes no acompañados, que impide expulsiones exprés y exige tutela autonómica
El Gobierno trasladará a la península a 500 niñas que llegaron a Ceuta el 30 de julio y han permanecido 20 días en condiciones «muy duras»: sin acceso a agua, comida ni higiene, y expuestas a agresiones sexuales, según denunció la ONG Save the Children. En la ciudad autónoma permanecen unos 4.000 menores migrantes no acompañados, cuya repatriación exige el PP y Vox, aunque la legislación española prohíbe su expulsión inmediata.
La Ley Orgánica 4/2000 y su reglamento de desarrollo (Real Decreto 1155/2024) establecen que los menores extranjeros no acompañados (MENAS) tienen prioridad absoluta en su protección. El artículo 35 de la LOEX obliga a activar un régimen específico: si hay dudas sobre su edad, la Fiscalía de Menores debe determinar su minoría mediante pruebas médicas y derivarlos a los servicios de protección autonómicos. Solo tras un expediente administrativo —que incluye informes psicológicos, localización de familiares y valoración del «interés superior del menor»— podría autorizarse su repatriación, siempre que su país de origen garantice condiciones seguras.
El procedimiento, regulado en el artículo 193 del reglamento, exige escuchar al menor con intérprete y abogado de oficio, y permite un plazo de alegaciones de 10 días. Si en tres meses no se resuelve el expediente —por falta de colaboración del país de origen—, el menor obtiene automáticamente una tarjeta de residencia legal. La normativa española es más garantista que la europea: prohíbe el internamiento en CIE para menores y prioriza su tutela sobre la expulsión, incluso cuando la directiva de Retorno de la UE (2008/115/CE) permite medidas más restrictivas.
El incumplimiento de estos trámites ha tenido consecuencias judiciales. En 2021, la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la expresidenta de la ciudad autónoma, Mabel Deu, fueron condenadas por prevaricación a nueve años de inhabilitación por repatriar exprés a 55 menores marroquíes sin seguir el procedimiento legal. Este precedente refuerza la obligación de las autoridades de ceñirse al marco normativo, que en la práctica dificulta las expulsiones masivas.
Mientras el Gobierno reitera que «todos» los inmigrantes en Ceuta serán repatriados, la aplicación de la ley a los MENAS choca con la realidad: la mayoría de los expedientes se archivan por falta de colaboración de los países de origen, lo que obliga a España a asumir su tutela definitiva. Esto implica garantizarles alojamiento, alimentación, sanidad y escolarización bajo la responsabilidad de las comunidades autónomas, que en Ceuta corresponde a la Ciudad Autónoma.
