La ONG denuncia que las administraciones no han identificado ni derivado a recursos seguros a estos niños, expuestos a violencia y explotación tras la entrada masiva del 30 de julio
Save the Children ha informado este jueves que alrededor de 4.000 menores migrantes permanecen fuera del sistema de protección en Ceuta, sin ser identificados ni derivados a espacios seguros, según estimaciones de entidades sociales y vecinales. La organización humanitaria, que despliega un equipo sobre el terreno, ha confirmado que 1.500 niños ya están dentro del sistema, pero advierte de que los 4.000 restantes —incluyendo niñas y menores de 16 años que viajan solos— pasan las noches en la calle, expuestos a violencia sexual, trata y redes criminales.
La crisis se agravó tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas cruzaron la frontera de forma irregular. Save the Children ha documentado casos de bebés y madres solas en condiciones precarias en espacios como las naves del Tarayal, donde carecen de pañales, alimentos o higiene básica. Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de la ONG, ha subrayado que cada día que un niño permanece en la calle es un día en el que sus derechos están en riesgo, y ha exigido a las administraciones que habiliten dispositivos de emergencia y agilicen los traslados a otras comunidades autónomas, priorizando a los más vulnerables.
La respuesta institucional, según la organización, sigue siendo insuficiente. Aunque reconoce el papel de asociaciones vecinales y entidades locales —que han habilitado espacios de acogida y distribuido alimentos—, Save the Children insiste en que «la solidaridad ciudadana no puede sustituir a una respuesta coordinada y con garantías». Entre los menores no protegidos hay adolescentes como Omar, un sudanés de 17 años que relató a la ONG un viaje de año y medio por Argelia, Libia y Marruecos, y que podría requerir protección internacional por su país de origen en conflicto.
La organización ha puesto en marcha un operativo para identificar necesidades y ofrecer apoyo psicosocial, pero advierte de que la situación «no puede normalizarse». Zuppiroli ha recordado que la ley obliga a las administraciones a garantizar entornos seguros, alimentación y atención sanitaria para todos los menores, independientemente de su origen. El Gobierno central y la ciudad autónoma de Ceuta no han respondido aún a las demandas de la ONG, que reclama un mapeo urgente de espacios vacíos para convertirlos en centros de acogida.
El marco legal español establece que los menores migrantes no acompañados son responsabilidad de las comunidades autónomas, pero la saturación de recursos en Ceuta —que acoge a más de 5.000 migrantes desde julio— ha colapsado el sistema. Save the Children ha instado a movilizar fondos con urgencia para reforzar la protección, mientras alerta de que la falta de acción institucional podría derivar en violaciones de derechos fundamentales, como el acceso a la salud o la educación.
