El Gobierno local actúa tras 20 días sin respuesta del Estado y limita su labor a apoyo logístico sin sustituir a las Fuerzas de Seguridad
El Gobierno de Ceuta ha contratado un servicio de seguridad privada con 22 vigilantes diarios para reforzar la vigilancia en ocho playas de la ciudad, donde permanecen personas migrantes llegadas los días 30 y 31 de julio. La medida, en vigor hasta el final de la temporada de baño, se justifica por «una situación de excepcionalidad» que incluye «la presencia continua de personas deambulando por distintos espacios de la ciudad» y «un uso extraordinario de los servicios», según un comunicado del ejecutivo ceutí.
Los vigilantes, que trabajarán de 11.30 a 20.30 horas todos los días, se desplegarán en las playas de La Ribera, El Chorrillo, Benítez, San Amaro, Los Corrales, Almadraba, Tarayal y Benz. Sus funciones se limitarán a «labores auxiliares, preventivas y de apoyo logístico», como la protección de instalaciones y equipamientos, sin asumir competencias propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Administración local alega que la contratación responde a «la falta de medios suficientes» por parte del Estado tras más de 20 días sin respuesta.
La decisión refleja la tensión entre las administraciones autonómicas y el Gobierno central en la gestión de crisis migratorias. Ceuta, ciudad autónoma con competencias limitadas en seguridad, depende de las Fuerzas de seguridad del Estado para este tipo de situaciones, pero el ejecutivo local denuncia una «falta de coordinación» que ha obligado a actuar por su cuenta. Este precedente podría influir en futuras crisis similares, especialmente en territorios con alta presión migratoria.
El marco legal permite a las comunidades autónomas contratar seguridad privada para «apoyo logístico», pero prohíbe expresamente que asuman funciones policiales. La medida ceutí, aunque dentro de la legalidad, subraya la saturación de los recursos estatales y la urgencia de soluciones estructurales. Mientras, el Ministerio del Interior no ha respondido públicamente a la contratación, lo que deja abierta la incógnita sobre una posible intervención posterior.
La presencia de migrantes en Ceuta desde finales de julio ha generado un debate sobre la distribución de competencias entre administraciones. El Gobierno local, liderado por el presidente Juan Jesús Vivas (PP), ha criticado en varias ocasiones la «pasividad» del Ejecutivo central, mientras organizaciones humanitarias advierten de las condiciones precarias en las que se encuentran las personas migrantes.
