Interior refuerza la frontera con un 48% más de efectivos policiales y una barrera marítima de 500 metros tras la entrada de 72.000 personas el 30 de julio
España y Marruecos han desplegado 1.659 agentes de seguridad en Ceuta y reforzado los controles en carreteras y zonas forestales cercanas a la frontera para evitar una nueva entrada masiva de migrantes este fin de semana, tras llamamientos en redes sociales que convocan a repetir la avalancha del 30 de julio, cuando 72.000 personas cruzaron la frontera.
El Ministerio del Interior español ha incrementado los efectivos policiales en un 48% en dos semanas, pasando de 1.124 agentes (610 policías nacionales y 514 guardias civiles) a 1.659. Entre los refuerzos destacan 880 policías, 714 guardias civiles, 45 agentes de la nueva Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y 20 especialistas en Extranjería y Fronteras. Además, el Ministerio de Defensa mantiene más de 2.000 militares en la ciudad, con la ministra Margarita Robles asegurando que permanecerán «tanto tiempo como sea necesario».
Para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de junio —que prohibió las devoluciones inmediatas de migrantes que llegaran a nado al no atravesar «elementos de contención fronterizos»—, España ha instalado una barrera neumática marítima de 500 metros en Ceuta y otra similar en Melilla. Estas estructuras permiten realizar «devoluciones en caliente», un mecanismo validado por el Supremo. En Marruecos, la Gendarmería Real y otras fuerzas de seguridad han establecido controles en carreteras y accesos marítimos, interceptando a decenas de migrantes subsaharianos y trasladándolos a ciudades alejadas de la frontera, como Castillejos y Tetuán.
El Gobierno español ha endurecido su discurso: el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han advertido que ninguna persona que entre de forma irregular se quedará en Ceuta, Melilla o la península. Interior agiliza la tramitación de peticiones de asilo —ya se han resuelto más de 500, la mayoría denegadas— y refuerza las brigadas de Extranjería para acelerar las expulsiones. De las 72.000 personas que entraron el 30 de julio, unas 70.000 ya han sido devueltas a Marruecos, según el Ejecutivo español.
Rabat, por su parte, ha detenido a un grupo de personas acusadas de difundir mensajes en redes sociales que incitaban a la avalancha y ha amenazado con acciones judiciales contra quienes promuevan estos llamamientos. El portavoz del Ministerio del Interior marroquí aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para impedir cualquier intento de cruce ilegal. Sin embargo, persisten las críticas por la pasividad mostrada durante la entrada masiva del 30 de julio, que dejó más de un centenar de muertos a ambos lados de la frontera.
