La Consejería de Asuntos Sociales advierte de que las 550 plazas autonómicas están rebasadas frente a la capacidad de 2.325 atribuida por el Estado
La Comunidad de Madrid supedita la acogida de menores migrantes de Ceuta al número final de traslados
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La Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid condicionará la aceptación de nuevos menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta a la cifra exacta que determine el Gobierno central, según confirmaron fuentes del departamento que dirige Ana Dávila a El Confidencial Digital. La administración autonómica argumenta que no ha recibido detalles sobre el plan de reparto y que su red regional de protección se encuentra totalmente saturada.
Desde la consejería madrileña sostienen que las 550 plazas destinadas específicamente a menores extranjeros no acompañados están sobrepasadas. La red regional incluye centros como los de Fortaleza, Casa de Campo y el recurso de La Canteña en Fuenlabrada, además del CPA Isabel Clara Eugenia en Madrid capital, el CPA Fortaleza para chicos menores de 15 años y el CPA Norte enfocado en chicas de esa misma franja de edad. Esta cifra contrasta con la capacidad ordinaria de 2.325 plazas asignada a la región por el Real Decreto 2/2025.
El bloqueo en la Conferencia Sectorial y el rechazo de las autonomías
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaron incluir en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia del 27 de agosto un punto de debate sobre la situación en la ciudad autónoma. A la reunión preparatoria de la Comisión Sectorial no asistieron los representantes de Aragón, Castillo y León y Extremadura, autonomías donde las competencias de la materia recaen en Vox. Estas tres regiones rehúsan participar en el modelo estatal de redistribución e ignoran la transferencia extraordinaria de 25 millones de euros propuesta por el Ministerio de Juventud e Infancia.
A pesar del rechazo inicial, la ministra Sira Rego planea someter a votación al inicio del pleno sectorial la inclusión del debate sobre la situación ceutí. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local madrileño, Miguel Ángel García Martín, declaró esta semana que los recursos regionales están al límite y pidió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que evite derivar sus responsabilidades a las autonomías.
El precedente legal y la saturación extraordinaria en la frontera sur
La discrepancia entre ambas administraciones se profundizó el pasado mes de abril, cuando la consejera Ana Dávila trasladó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que Madrid rehusaba nuevos traslados bajo el Real Decreto-ley 2/2025. El Ejecutivo madrileño argumentó entonces que el mecanismo extraordinario carecía de cobertura jurídica tras haber expirado los plazos estipulados en la norma. Según cifras aportadas por el propio Torres, el sistema extraordinario había trasladado a unos 1.800 menores a la península desde septiembre de 2025 procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
El sistema de acogida de la ciudad autónoma alberga actualmente a 1.160 menores migrantes tras el repunte migratorio iniciado a mediados de julio, una cifra que multiplica por seis los 180 que atendía anteriormente. La capacidad ordinaria del enclave norteafricano es de 29 plazas. Para contener este escenario de sobreocupación, la administración central aprobó una inyección extraordinaria de 25 millones de euros que se sumará a una partida previa de 5,5 millones otorgada en la Conferencia Sectorial.
La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central que se establezcan criterios claros para la redistribución de menores migrantes no acompañados, ya que la falta de comunicación y la saturación de la red regional de protección están generando una situación de incertidumbre y presión en la comunidad autónoma.
La situación en Ceuta sigue siendo una preocupación para la comunidad autónoma, ya que la saturación del sistema de acogida y la falta de recursos están poniendo en riesgo la atención y el bienestar de los menores migrantes.
La Comunidad de Madrid ha estado trabajando en estrecha colaboración con la administración central para encontrar soluciones para la situación en Ceuta, pero la falta de comunicación y la saturación de la red regional de protección siguen siendo un desafío importante.
La comunidad autónoma ha solicitado al Gobierno central que se establezcan criterios claros para la redistribución de menores migrantes no acompañados y que se proporcionen recursos adicionales para apoyar la atención y el bienestar de los menores migrantes en la región.
