José María Llanos, síndic del partido en Les Corts, advierte que impugnará expedientes y presionará al PP para cumplir el pacto de investidura de 2025
El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha anunciado que su partido hará «todo lo posible» para impedir que la Comunitat Valenciana acoja a menores migrantes llegados a Ceuta durante la crisis de finales de julio. «Ni uno», ha reiterado Llanos ha vinculado la situación a una guerra híbrida producida por Marruecos y ha exigido al president Juanan Pérez Llorca que cumpla los compromisos del pacto de investidura firmado con Vox en 2025.
Llanos ha recordado que Vox abandonó gobiernos autonómicos en 2024, como el valenciano, por la colaboración del PP con el Gobierno central en el reparto de menores no acompañados. Ahora, exige pruebas de edad individualizadas e impugnación de expedientes mal hechos. Aunque Vox no ocupa la vicepresidencia del Consell, ha amenazado con condicionar su apoyo parlamentario si el Govern incumple el acuerdo, que incluye rechazar nuevos acogimientos al superar en más de mil el límite de menores en centros valencianos.
La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Laura Chulià, ha asegurado que el Consell «cumplirá la normativa vigente», pero ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por «normalizar» la crisis y gestionarla «a distancia». La consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, ha pedido a Sánchez que «deje de estar de vacaciones» y asuma la repatriación de los menores antes de derivar la responsabilidad a las autonomías. El PSPV ha acusado al PP de abrazar el racismo institucional de Vox, mientras Compromís ha tachado de inhumanas las posturas de ambos partidos y ha apelado a la «solidaridad del pueblo valenciano».
El conflicto se enmarca en la Ley de Extranjería, que obliga a las comunidades autónomas a asumir la tutela de menores migrantes no acompañados. Sin embargo, Vox y sectores del PP argumentan que los centros valencianos están «al límite», con más de mil plazas superadas, y exigen que el Gobierno central asuma la gestión directa. La polémica refleja la tensión entre el cumplimiento legal y las demandas de partidos como Vox, que priorizan el control migratorio en sus acuerdos con el PP.
La postura de Vox en la Comunitat Valenciana replica estrategias similares en Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde sus vicepresidentes ya han presionado para bloquear acogimientos. En Valencia, el partido carece de cargos ejecutivos, pero su influencia parlamentaria —clave para la investidura de Llorca— le permite condicionar la agenda del Govern. La crisis migratoria en Ceuta, con cientos de menores varados, ha reavivado el debate sobre la distribución territorial y la capacidad de las autonomías para asumir su tutela.
