El presidente ceutí descarta regularizaciones y traslados a la Península, chocando con la ley de asilo que obliga a evaluar 2.500 solicitudes
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha exigido este jueves al Gobierno que expulse cuanto antes a los alrededor de 8.000 migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva del pasado mes, descartando cualquier opción de asilo o traslado a la Península. «Retorno a Marruecos, ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado», resumió Vivas tras reunirse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, endureciendo su postura previa, que se limitaba a pedir más medios.
La petición de Vivas choca con el marco legal español, que obliga a examinar individualmente las solicitudes de protección internacional. Según datos del Gobierno citados por El País, unos 2.500 de los migrantes podrían cumplir los requisitos para pedir asilo, especialmente aquellos procedentes de países en conflicto como Siria, Afganistán o Palestina. Otros 2.500 son menores de edad, y los 3.000 restantes serían migrantes económicos sujetos a procedimientos de retorno.
El presidente ceutí ha advertido de que la situación es «insostenible» y podría derivar en un episodio «irreversible». Su presión sobre el Ejecutivo se ha intensificado en los últimos días: tras reunirse con la ministra de Defensa, Margarita Robles, llegó a afirmar que «cada día que pasa estamos peor». Ahora, Vivas plantea directamente suspender la opción de solicitar asilo para quienes participaron en la entrada masiva, una medida que vulneraría la normativa europea e internacional.
La crisis migratoria en Ceuta ha tensado las relaciones entre el Gobierno central y el PP, que gobierna la ciudad autónoma. Mientras el Ejecutivo insiste en aplicar los protocolos legales, Vivas acusa al Gobierno de «falta de acción» y exige soluciones inmediatas. La posición del presidente ceutí refleja también la presión de sectores locales, que denuncian el colapso de servicios básicos y el aumento de la inseguridad.
El conflicto pone de manifiesto las limitaciones del sistema de asilo español, que ya arrastraba retrasos en la tramitación de solicitudes antes de la crisis. Según el Ministerio del Interior, en 2025 se registraron más de 150.000 peticiones de protección internacional, con un tiempo medio de resolución de dos años. La entrada masiva en Ceuta ha agravado este problema, dejando en evidencia la falta de recursos para gestionar emergencias migratorias.
