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La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insiste en que la competencia corresponde al Gobierno central según el Pacto Europeo de Migración y Asilo

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reiterado este jueves el rechazo de la comunidad autónoma a participar en los procedimientos de triaje de menores migrantes no acompañados, al considerar que esa función corresponde al Estado en virtud del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Delgado respondió así a la solicitud de la Delegación del Gobierno en Canarias, que pidió a la comunidad autónoma designar representantes para los procesos de identificación y determinación de edad en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE). El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, había argumentado el pasado 24 de julio que la normativa europea exige la presencia de un representante que defienda el interés superior del menor, rol que, según él, no puede asumir la policía, sino las comunidades autónomas por sus competencias en protección de la infancia.

La consejera insistió en que el Ejecutivo canario no asumirá competencias vinculadas al control fronterizo, ya que, según el Pacto Europeo, «el competente para hacer el triaje es el competente en la entrada al país». Aunque Canarias se compromete a velar a posteriori por los derechos de los menores, Delgado subrayó que no participará directamente en los procedimientos. La Dirección General de Infancia del Gobierno canario ya mantuvo una reunión con la Delegación del Gobierno y brigadas policiales de extranjería para abordar esta cuestión, donde exigió que cada menor haya pasado por un triaje previo.

El conflicto se enmarca en la falta de adaptación de la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio. Delgado ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que aclare el reparto competencial y las reformas legislativas necesarias, incluyendo la presencia del Ministerio de Juventud e Infancia en una reunión bilateral prevista para el 26 de agosto. La consejera recordó que las competencias deben delegarse con un respaldo legal y financiero, algo que, según ella, no se ha concretado.

La tensión se agrava tras la cancelación de la XIV Conferencia Sectorial sobre migraciones por falta de quorum, debido a la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Canarias ha remitido tres cartas al Ministerio de Inclusión para reclamar información sobre las reformas pendientes, mientras el Gobierno central mantiene su postura de que las autonomías deben asumir un papel activo en el triaje.

Fuente: Agencia EFE

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