El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, acusa a las autoridades españolas de incumplir procedimientos y retrasar la repatriación de menores no acompañados
El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha acusado a España de incumplir los procedimientos de extradición y repatriación, amenazando con suspender el acuerdo bilateral entre ambos países. En una entrevista con la agencia Efe, Ouahbi declaró que su ministerio estudia paralizar la aplicación del convenio tras detectar «problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes».
Ouahbi detalló que, cuando Marruecos solicita la extradición de un individuo, España lo detiene inicialmente, pero en ocasiones la entrega no se completa. Ouahbi dijo que a menudo se les dice que la persona se encontraba en libertad. El ministro contrastó esta situación con la actuación marroquí: Nosotros sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles.
El conflicto se enmarca en una tensión diplomática que cumple dos semanas desde la entrada masiva de 80.000 personas en Ceuta. Ouahbi vinculó los retrasos en las extradiciones con la repatriación de menores marroquíes no acompañados, un proceso que, según él, España estaría dilatando deliberadamente. «Si España no quiere respetar los procedimientos, podemos suspender estos acuerdos», advirtió.
El acuerdo de extradición entre España y Marruecos, vigente desde 1997, regula la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos en el país requirente. Su suspensión afectaría a procesos judiciales en curso y a la cooperación en materia de seguridad, incluyendo la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. En 2023, Marruecos solicitó la extradición de 47 personas a España, mientras que España pidió la entrega de 32, según datos del Ministerio de Justicia español.
La escalada coincide con un momento de alta sensibilidad en las relaciones bilaterales.
Organizaciones como Save the Children han alertado sobre las dificultades para identificar y repatriar a menores no acompañados, un proceso que requiere coordinación entre ambos países y que, en 2025, afectó a más de 3.500 casos en Ceuta y Melilla.
Fuente: La Razón
