El ministro del Interior afirma que «hay cosas que ocurren» sin implicar culpabilidad, mientras Defensa e Interior se culpan mutuamente por fallos de inteligencia
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que hay cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad, tras la entrada de más de 72.000 migrantes en Ceuta, la mayor crisis migratoria en la historia reciente de la ciudad autónoma. Sus declaraciones, pronunciadas en pleno debate sobre la gestión de la crisis, han sido interpretadas como una renuncia a asumir responsabilidades políticas, un concepto que, según el catedrático Joaquín García Morillo, sustituye la culpabilidad penal por la confianza ciudadana.
La polémica se agrava por la disputa entre los ministerios de Defensa e Interior sobre posibles fallos de inteligencia. Marlaska aseguró que el Gobierno no recibió ningún informe ni aviso que anticipara la magnitud de la avalancha, mientras que fuentes de Defensa señalaron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de su departamento. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió tanto a los servicios de inteligencia como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, adscritos a Interior. Este cruce de acusaciones refleja lo que García Morillo denominó «dispersión del mando», una estrategia que diluye la responsabilidad al fragmentar la cadena de decisión.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado en repetidas ocasiones un «mando único» para coordinar la respuesta, pero Interior rechazó incluso declarar la emergencia de interés nacional. Sin una dirección centralizada, cada actor —Gobierno central, Delegación del Gobierno, Ciudad Autónoma, Sanidad, Interior y Defensa— actúa dentro de sus competencias, lo que impide exigir cuentas por el resultado global. La descoordinación, según el texto de García Morillo, no es solo un problema administrativo, sino una forma de organizar la irresponsabilidad.
El Colegio de Médicos de Ceuta denunció una «catástrofe asistencial» por el colapso sanitario, pero el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, negó la existencia de una crisis. Esta negación de los hechos permite eludir responsabilidades al argumentar que no hay nada extraordinario que gestionar. A diferencia de otras crisis sanitarias, en Ceuta la atención médica depende directamente del Estado, lo que elimina la posibilidad de culpar a una comunidad autónoma.
En el ámbito diplomático, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, evitó mencionar a Marruecos como responsable directo de la crisis, pese a que Robles reconoció que el país facilitó el cruce fronterizo. En su lugar, Albares acusó a una internacional reaccionaria de usar la crisis como arma política. Esta maniobra, según el análisis de García Morillo, desplaza el debate hacia un enfrentamiento ideológico, evitando así abordar las causas reales de la crisis migratoria.
El resultado es una sensación de «orfandad política» entre los ceutíes, que han salido a las calles para denunciar el abandono del Gobierno. Las estrategias descritas —negación de los hechos, fragmentación del mando, desplazamiento del debate— reflejan un patrón de evasión de responsabilidades que, según el marco teórico de García Morillo, vacía de contenido el concepto mismo de responsabilidad política.
