El comisario Magnus Brunner defiende agilizar los retornos tras la muerte de 141 personas en Ceuta, según datos de ONG
La Comisión Europea exige aplicar de forma plena las nuevas normas migratorias comunitarias tras los episodios acaecidos en la frontera de Ceuta, donde ONG como Caminando Fronteras y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos contabilizan hasta 141 personas fallecidas. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, ha defendido esta semana que el Ejecutivo comunitario cuenta con un control sobre los flujos migratorios irregulares inédito hasta la fecha, aunque ha instado a extraer enseñanzas de la reciente tragedia humanitaria para agilizar las devoluciones, ampliar las competencias de la agencia Frontex y reforzar la vigilancia ante movimientos coordinados en las fronteras exteriores.
El cambio de modelo respecto a la década pasada se consolida mediante la reforma aprobada por la Eurocámara, que faculta la derivación de personas con orden firme de expulsión hacia centros de retorno ubicados en terceros Estados. Esta medida permite el traslado incluso a países con los que los afectados no posean vínculos previos, siempre que medie un acuerdo bilateral previo. La iniciativa complementa la entrada en aplicación del Pacto de Migración y Asilo, un marco regulatorio negociado durante casi diez años que establece controles acelerados en el perímetro exterior de la Unión Europea y fija un mecanismo de solidaridad entre los Estados miembro.
El viraje estratégico desde las crisis de Ceuta y Bielorrusia
La transformación de la política migratoria europea responde a los conflictos interestatales derivados de la gestión de asilo registrada a partir de 2015. Según traslada la investigadora del Real Instituto Elcano Carmen González, las discrepancias en las reglas de acogida expusieron divisiones profundas que amenazaron la viabilidad de la libre circulación dentro del espacio comunitario. La percepción sobre la entrada de flujos migratorios se alteró de manera determinante tras dos episodios concretos ocurridos en 2021: el ingreso masivo de miles de personas en Ceuta alentado por Marruecos durante un conflicto diplomático con España, y la facilitación del paso hacia Polonia, Lituania y Letonia por parte del Gobierno de Bielorrusia en respuesta a las sanciones impuestas por Bruselas.
Estos acontecimientos introdujeron la dimensión de la seguridad nacional en un ámbito regulatorio circunscrito hasta entonces a las políticas asistenciales. Paralelamente a las exigencias de un mayor control perimetral, la Comisión Europea ha modificado sus criterios respecto a la financiación pública. Aunque la Unión Europea mantiene el rechazo a costear directamente la construcción de muros o vallas en los pasos fronterizos con cargo a las arcas comunitarias, el presupuesto de la Unión sí financia equipamientos tecnológicos, sistemas de vigilancia e infraestructuras complementarias desplegadas por los Gobiernos nacionales.
Visiones contrapuestas en la Eurocámara sobre el nuevo modelo de retornos
Las modificaciones reglamentarias han reabierto el debate político interno entre los distintos grupos parlamentarios europeos. La eurodiputada de Los Verdes Mélissa Camara sostiene que la implantación de instalaciones de expulsión fuera del territorio de la Unión deshumaniza los procedimientos de retorno. La representante de la formación ecologista argumenta que las personas trasladadas a estos recintos carecen de identificación por nombre al ser asignadas mediante códigos numéricos, al tiempo que denuncia la falta de certezas temporales sobre la duración de los internamientos y la presencia recurrente de tentativas de suicidio en dichos centros.
Frente a esta postura, el presidente de la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, rechaza que el sistema suponga una externalización encubierta de las responsabilidades europeas. El parlamentario conservador define estas instalaciones como una herramienta operativa más, condicionada a la firma de acuerdos que garanticen el cumplimiento estricto del Derecho de la Unión y el respeto a los derechos fundamentales. Desde la perspectiva de su grupo, el instrumento persigue dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía y evitar la percepción de que las estructuras gubernamentales resultan desbordadas por la gestión de las entradas irregulares.
La reconfiguración de las mayorías parlamentarias y el impacto en Schengen
El endurecimiento de la normativa comunitaria coincide con una reordenación de la representación política tras las elecciones al Parlamento Europeo. Las fuerzas conservadoras y de extrema derecha incrementaron su representación en las urnas frente al descenso experimentado por las delegaciones socialista, liberal y ecologista. La eurodiputada Mélissa Camara critica que formaciones del Partido Popular Europeo y del grupo liberal René hayan configurado mayorías de trabajo con la extrema derecha para sacar adelante compromisos en el Reglamento de Retorno que habrían resultado inviables en legislaturas anteriores.
Por su parte, Javier Zarzalejos niega que las formaciones tradicionales hayan asumido el ideario de la ultraderecha y encuadra las reformas en la necesidad de ofrecer soluciones eficaces a los problemas de gestión migratoria. Esta evolución no es exclusiva del espectro conservador, ya que partidos socialdemócratas de países como Alemania, Suecia o Dinamarca han adoptado posturas más restrictivas ante las demandas de sus respectivos electorados. De forma paralela a esta exigencia de rigor en las fronteras exteriores, Estados como Francia, Alemania o Austria han restituido controles temporales en sus límites territoriales internos, recurriendo a las excepciones previstas en el Código de Fronteras Schengen.
