La entrada masiva del 30 de julio repite el patrón de 2021, cuando 12.000 personas accedieron a la ciudad autónoma durante una crisis diplomática con Rabat
Más de 70.000 personas cruzaron irregularmente a Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio, un episodio que ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad de España ante la política de externalización de fronteras de la Unión Europea. Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la UE en África, dependen de la cooperación de Rabat para controlar los flujos migratorios, una colaboración que, según expertos, ha reducido las llegadas por otras rutas, pero también ha generado una dependencia crítica.
La directora ejecutiva del Instituto Español de Análisis Migratorio (IMAM), Beatriz de León Cobo, señala que la externalización de fronteras —basada en acuerdos con terceros países para financiar vigilancia, readmisiones y control de salidas— ha funcionado «parcialmente». En el caso de Marruecos, su colaboración ha sido clave para disminuir la presión migratoria en Canarias, la Península y las ciudades autónomas, con un descenso del 60% en las entradas irregulares al archipiélago en el último año, según datos del Ministerio del Interior. Sin embargo, De León advierte que este modelo tiene límites: «Cuando la cooperación falla, la vulnerabilidad de España aparece inmediatamente».
El incidente del 30 de julio repite el patrón de mayo de 2021, cuando más de 12.000 personas entraron a Ceuta durante una crisis diplomática entre Madrid y Rabat. En ambos casos, la Guardia Civil y la Policía Nacional —responsables del control fronterizo en el lado español— se vieron desbordadas por la falta de coordinación con las fuerzas marroquíes, que gestionan el acceso a la zona fronteriza. De León subraya que Marruecos «no utiliza sistemáticamente su posición de fuerza», pero su papel es tan determinante que España debe evitar convertir la interdependencia en dependencia. «La cooperación debe ser leal, transparente y verificable, especialmente cuando está en juego el control de una frontera exterior de la UE», afirma.
La externalización de fronteras no es exclusiva de España. La UE ha aplicado este modelo en otras fronteras exteriores, como el acuerdo con Turquía para frenar las llegadas a Grecia o la respuesta de Polonia ante la instrumentalización migratoria por parte de Bielorrusia en 2021. En estos casos, la UE ha combinado financiación y apoyo logístico con terceros países, pero también ha asumido decisiones controvertidas, como el endurecimiento de las leyes de asilo en Polonia. De León propone que la respuesta a crisis como la de Ceuta sea europea, no bilateral: «Cuanto más coordinada sea la posición de la UE, menor será la capacidad de presión de un tercer país».
El último episodio en Ceuta refuerza la necesidad de que España disponga de «capacidad operativa propia» para gestionar sus fronteras, según la experta. Aunque la colaboración con Marruecos es «imprescindible», De León insiste en que España no puede delegar en un tercer Estado la protección efectiva de sus fronteras. La Guardia Civil y la Policía Nacional, que operan en Ceuta y Melilla, dependen en gran medida de que Rabat controle los flujos migratorios antes de que lleguen a la línea fronteriza, un equilibrio que, como demuestran los hechos, es frágil.
