El Gobierno reconoce en privado su dependencia de Rabat para evitar nuevas avalanchas, mientras descarta su responsabilidad en la entrada de 72.000 personas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido en privado que la seguridad fronteriza de España depende de mantener intactas las relaciones con Marruecos, al punto de que, si se deterioraran, podrían entrar en Ceuta «70.000 migrantes a la semana».
Esta afirmación, realizada por una destacada fuente gubernamental a La Razón, sitúa la colaboración marroquí como el elemento clave que separa la normalidad en la frontera de una presión migratoria masiva y permanente sobre territorio español. La declaración adquiere un calado político adicional al admitir, de facto, la capacidad de Marruecos para utilizar el control de los flujos migratorios como herramienta de presión sobre Madrid.
El reconocimiento llega mientras Sánchez intentó el 31 de agosto apartar cualquier sospecha sobre el reino alauí por los sucesos de los días 30 y 31 de julio, cuando más de 72.000 personas desbordaron Ceuta. El presidente cerró filas con Rabat y aseguró que ni el CNI ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado manejan información que permita atribuir a las autoridades marroquíes una participación en la avalancha. «¿Qué gana Marruecos con este tipo de tácticas?», se preguntó Sánchez, quien definió la cooperación migratoria entre ambos países como «francamente positiva».
Sin embargo, el Ejecutivo admitió al mismo tiempo que evitar que una situación similar pueda repetirse depende, en buena medida, de Marruecos. Moncloa reconoce así la vulnerabilidad que revelan los informes de seguridad nacional: España puede controlar su lado de la frontera, pero una parte decisiva de la contención comienza en territorio marroquí, varios metros antes de la línea limítrofe.
Esta dependencia explica la extraordinaria cautela con la que el Gobierno ha administrado durante todo agosto cualquier acusación contra Rabat. Mientras la oposición ha endurecido su discurso —con voces que han recuperado términos como «chantaje»—, el Ejecutivo ha evitado responsabilizar directamente al rey Mohamed VI de lo ocurrido. Sánchez también trató de zanjar la batalla interna dentro del Gobierno entre los ministerios de Interior y Defensa sobre los avisos previos al 30 de julio.
El CNI compartió informes de situación, pero no predijo la avalancha
El presidente confirmó que el CNI mantuvo reuniones con las autoridades ceutíes y compartió «informes de situación» durante los días previos a la entrada masiva. No obstante, Sánchez reiteró que ninguna de esas informaciones permitió anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. «Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características», sostuvo, poniendo fin a semanas de versiones cruzadas entre los distintos departamentos sobre qué sabía cada uno y cuándo lo supo.
Sánchez reivindicó la actuación de su Ejecutivo en Ceuta y Melilla y aseguró que ningún Gobierno había hecho tanto por ambas ciudades autónomas. Aun así, reconoció los límites de la capacidad preventiva del Estado en sus dos enclaves norteafricanos: ni el despliegue de medios ni el refuerzo de las capacidades de seguridad permiten garantizar al «cien por cien» que una crisis de estas características no pueda volver a producirse.
9 de cada 10 migrantes ya abandonaron Ceuta, pero 5.000 permanecen en la ciudad
El presidente detalló que nueve de cada diez personas que entraron irregularmente desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio ya han abandonado Ceuta. Sin embargo, alrededor de 5.000 siguen en territorio ceutí, entre ellos unos 1.200 menores no acompañados, uno de los principales frentes abiertos para el Ejecutivo. Sánchez añadió que, desde el 10 de agosto, unas 3.200 personas han regresado voluntariamente, en paralelo a las devoluciones gestionadas por las autoridades españolas.
El presidente situó el retorno de los menores a Marruecos entre las prioridades de la nueva fase de la crisis. Según explicó, las autoridades marroquíes se han comprometido a «facilitar el reagrupamiento familiar», lo que permitiría comenzar las repatriaciones cuando sean los propios padres quienes soliciten el regreso de sus hijos. «Vamos a poder hacer retornar también a los menores», afirmó Sánchez, aunque condicionó cada devolución a que exista previamente esa petición familiar.
Moncloa investiga bulos en redes vinculados a Rusia, Israel y la ultraderecha
Mientras el Gobierno descarta que Marruecos provocara la avalancha, ha dirigido las sospechas hacia otros actores. Sánchez mencionó la difusión de mensajes y bulos en redes sociales vinculados, según su versión, con Rusia, Israel y una «internacional ultraderechista» interesada en utilizar la inmigración para desestabilizar España y Europa. Fuentes de la inteligencia citadas por El País advierten, además, de que es probable que se produzcan más ataques híbridos contra Ceuta y Melilla en las próximas semanas.
El Ejecutivo, en cualquier caso, sigue caminando con pies de plomo para intentar dar carpetazo a una crisis que ha puesto todas las miradas en Rabat. La dependencia de Marruecos para gestionar los flujos migratorios, reconocida ahora en privado, refuerza la necesidad de mantener una relación estable con el reino alauí, incluso cuando las tensiones internas y externas amenazan con tensar la cuerda.
Fuente: La Razón
