Exige que Peramato aclare cuántos expedientes de edad se han incoado antes de advertir a las autonomías
El PP ha criticado este viernes que la Fiscalía General del Estado actúa para «salir al auxilio del Gobierno» en lugar de defender la legalidad y el interés de los 1.342 menores migrantes llegados a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según los datos recabados por la Policía.
La formación de Alberto Núñez Feijóo reacciona así a la instrucción de la fiscal general, Teresa Pera mato, a los fiscales delegados autonómicos para que intervengan si una comunidad se niega a acoger a estos menores bajo el modelo de reubicación vigente.
El partido exige a la Fiscalía que garantice su neutralidad y reclama la misma diligencia para exigir el cumplimiento de la ley al Ejecutivo central que la mostrada al advertir a las autonomías.
Recuerdan que, según el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados suscrito por la propia Fiscalía, esta tiene la responsabilidad exclusiva de ordenar pruebas médicas de determinación de edad cuando la minoría no pueda establecerse con seguridad.
Por ello, el PP demanda que Pera mato detalle cuántos de los menores de Ceuta tienen su edad ya determinada, cuántos expedientes se han incoado, cuántas pruebas se han ordenado y cuántos casos siguen pendientes.
Subrayan que su postura y la de sus gobiernos autonómicos es clara: protección de los menores, solidaridad con Ceuta, cooperación entre administraciones y cumplimiento estricto de la legalidad.
El debate surge en el marco de la gestión de los menores no acompañados llegados en la entrada masiva de finales de julio, cuya derivación a otras comunidades choca con el rechazo de las gobernadas por PP y Vox al modelo actual de reubicación.
En este sentido, es importante recordar que la Fiscalía General del Estado tiene la competencia para ordenar la reubicación de menores extranjeros no acompañados, según lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
Además, el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados establece que la Fiscalía General del Estado debe coordinar la reubicación de estos menores con las comunidades autónomas y los servicios sociales, con el fin de garantizar su bienestar y protección.
