La Comunidad de Madrid pide el desalojo de la acampada por la vivienda y el plazo para resolver la cautelarísima es de 48 horas
La jueza de lo contencioso administrativo número 14 de Madrid ha puesto en duda su competencia para resolver el recurso presentado por la Comunidad de Madrid para desalojar la acampada de la Puerta del Sol. La magistrada ha preguntado a las partes si es competente para abordar la solicitud, antes de resolver la medida cautelarísima pedida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno regional interpuso el recurso el jueves y el plazo máximo para resolverlo es de 48 horas. Sin embargo, si la jueza considera que el caso corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el proceso se reiniciaría desde cero, según fuentes jurídicas consultadas por EFE. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid argumenta que se ha producido una ocupación ilegal del espacio público y que la Delegación del Gobierno tiene la obligación imperativa de ejercer sus competencias de prevención y vigilancia.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, respondió al requerimiento asegurando que están desarrollando las actuaciones que resultan procedentes y que la acampada muestra pleno respeto al ordenamiento jurídico. La tensión entre ambas instituciones se agudiza en un contexto en el que el Gobierno autonómico lleva semanas presionando para desalojar la protesta, que lleva más de un mes instalada en la plaza.
La Comunidad de Madrid ha recriminado al delegado del Gobierno su inacción y le dio un plazo de 48 horas para desalojar la plaza. Si la jueza considera que no es competente y el caso debe recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el tiempo de la cautelarísima volvería a empezar de cero, según fuentes jurídicas.
La Puerta del Sol es un símbolo histórico de movilizaciones sociales en España, y esta acampada, que reclama políticas de vivienda más justas, ha concentrado a miles de personas desde su inicio. El conflicto legal refleja la división entre el Gobierno autonómico y el central en un tema clave como el derecho a la vivienda, con implicaciones políticas que trascienden el caso concreto.
