El colectivo convoca una manifestación el 15 de octubre y Podemos y Sumar registran una proposición no de ley sobre ayudas al alquiler
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha anunciado el fin de la acampada en la Puerta del Sol este sábado 3 de octubre, tras una semana de movilización que comenzó como respuesta al desahucio de Maricarmen, una mujer de 72 años que perdió su vivienda en Madrid capital. La protesta, que ha reunido a decenas de afectados por desahucios y colectivos vecinales, cierra así su primera fase, aunque sus promotoras han dejado claro que la lucha por la vivienda asequible no termina aquí.
La acampada, instalada el pasado fin de semana, ha servido para visibilizar el drama de miles de familias en riesgo de exclusión residencial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 150.000 hogares en España destinan más del 40% de sus ingresos a pagar alquileres o hipotecas, una cifra que se ha disparado desde 2020. El caso de Maricarmen se ha convertido en símbolo de un problema estructural: la Ley de Vivienda de 2023, aunque incluye medidas como la limitación de precios en zonas tensionadas, no ha frenado los desahucios para familias sin recursos.
El Sindicato de Inquilinas ha criticado la falta de ejecución real de las ayudas públicas. Mientras el Gobierno destina 1.500 millones de euros anuales al Bono Alquiler Joven y otras subvenciones, las ONGs denuncian que los plazos burocráticos y los requisitos de ingresos excluyen a quienes más lo necesitan. El Ayuntamiento de Madrid abrirá una mesa de diálogo con los colectivos afectados antes de final de año, según ha anunciado el sindicato.
Manifestación el 15 de octubre y proposición de ley de Podemos y Sumar
La próxima movilización ya está en marcha: el sindicato ha convocado una manifestación el 15 de octubre bajo el lema «Vivienda digna, ya», con el objetivo de llevar el caso de Maricarmen y otros desahucios al Congreso de los Diputados. Podemos y Sumar han registrado una proposición no de ley para ampliar las ayudas al alquiler y moratorias en zonas con precios desorbitados, pero su tramitación podría alargarse hasta 2027.
El sindicato denuncia que el sistema prioriza el beneficio privado
Los colectivos denuncian que el sistema prioriza el beneficio privado sobre el derecho a un techo.
