La jueza María Elena Pérez Caro ordena a la Policía analizar cómo se autorizó el evento de 400 asistentes, financiado por Junta y Ayuntamiento con 36.000 euros
Un juzgado de Sevilla ha ordenado a la Policía investigar cómo se autorizó y organizó la gala privada celebrada en la plaza Virgen de los Reyes el pasado mes, un evento financiado con 36.000 euros por la Junta de Andalucía —con la consejería de Turismo en manos de Vox— y el Ayuntamiento de Sevilla —gobernado por el PP—. La denuncia penal, presentada por el partido Iustitia Europa, alega posibles delitos de prevaricación administrativa, según recoge el auto de la jueza María Elena Pérez Caro.
La celebración, que reunió a unos 400 asistentes, incluyó mesas, escenario y restauración, y contó con la presencia del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP). El evento, organizado para celebrar el XX aniversario de la revista Escaparate —perteneciente al empresario Mario Niebla—, generó polémica por la ocupación de un espacio público emblemático.
La ordenanza municipal de Sevilla prohíbe expresamente la ocupación de la plaza Virgen de los Reyes para eventos, salvo las excepciones previstas en la propia normativa. Según el artículo 11 de la normativa, queda prohibida la ocupación de la plaza para los eventos regulados en la ordenanza, mientras que el artículo 3 d) excluye de su regulación las actividades de corta duración, sin instalaciones o con infraestructura de escasa entidad. La denuncia afirma que el evento, con aproximadamente 400 asistentes y una infraestructura de considerable entidad, se celebró en uno de los espacios singularizados por la ordenanza.
El Ayuntamiento argumentó que una empresa no puede solicitar el uso de la plaza, pero sí el propio Ayuntamiento a través de una de sus áreas, aunque no especificó los artículos concretos que permiten esto. La jueza ha rechazado la personación de Iustitia Europa hasta que presente una querella con poder especial y fianza, y ha pedido un oficio a la Policía para que investigue los hechos.
El delito de prevaricación administrativa, regulado en el artículo 404 del Código Penal, castiga a quienes dictan resoluciones arbitrarias sabiendo de su injusticia, con penas de inhabilitación de 9 a 15 años para cargos públicos.
El evento violó la prohibición de la ordenanza
La denuncia de Iustitia Europa señala que el evento incumplió estos requisitos al incluir mesas, escenario, restauración y demás infraestructura para una cena y gala de considerable entidad.
El Ayuntamiento, sin embargo, alegó que, al ser una iniciativa institucional, no estaba sujeta a los mismos requisitos que una solicitud privada. La jueza ha ordenado investigar si esta interpretación fue correcta o si hubo una decisión arbitraria que podría constituir prevaricación.
El PP enfrenta cuestionamientos por posible privilegio
Para el PP, que gobierna tanto la Junta como el Ayuntamiento, el caso podría revelar inconsistencias en la gestión de espacios públicos, especialmente en un momento de tensión por la percepción de privilegios para eventos privados. La consejería de Turismo, dirigida por Vox, podría verse afectada si se demuestra que su participación en la financiación no siguió los protocolos legales.
Iustitia Europa, partido de reciente creación con enfoque en la legalidad institucional, busca posicionarse como defensor de la transparencia, aunque su falta de representación parlamentaria limita su capacidad de presión. La investigación judicial podría servirle para ganar visibilidad, pero depende de que la querella formal se presente con los requisitos legales.
La polémica también afecta a la imagen de Sevilla como ciudad turística, donde la gestión de espacios emblemáticos es clave para su reputación. Si se confirma la irregularidad, podría abrirse un debate sobre cómo se priorizan los eventos privados frente al uso público de estos lugares.
