El Gobierno rechaza modificar los textos y baraja el 29 de noviembre o febrero-marzo de 2027 como fechas para convocar comicios
El Congreso vota la convalidación de los reales decretos leyes sobre vivienda, aprobados en Consejo de Ministros tras las protestas por el desahucio de Maricarmen, que no cuentan con apoyos suficientes para salir adelante. Junts, que considera que los decretos suponen una expropiación del ahorro familiar, el Partido Popular y Vox han anunciado su voto en contra, lo que aboca los textos a su derogación en el hemiciclo.
La decisión de Junts, partido clave en la mayoría parlamentaria del Gobierno, marca un punto de inflexión. Junts sostiene que las medidas recortarán la oferta de pisos y afectarán a propietarios con hipotecas, mientras el PSOE vincula los decretos a la presión social tras el desahucio de Maricarmen. Las protestas y la acampada en la Puerta del Sol precedieron a la aprobación de los decretos, que ahora no cuentan con respaldo suficiente.
La negativa a negociar del Gobierno —Moncloa ha descartado modificar los decretos— ha disparado las especulaciones sobre la continuidad de la legislatura. Diversos ministros y voces del gabinete plantean abiertamente la opción de ir a las urnas ante la parálisis legislativa. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) ofrece tres escenarios concretos, todos ellos vinculados a plazos legales estrictos.
El calendario electoral: de noviembre a agosto de 2027
La opción más rápida sería convocar elecciones el domingo 29 de noviembre. Para ello, el decreto de convocatoria debería publicarse en el BOE un martes, con un Consejo de Ministros extraordinario el lunes anterior. Este plazo de 54 días —obligatorio según la LOREG— permitiría celebrar los comicios antes de la Navidad, evitando el parón navideño.
Sin embargo, la logística del calendario obligaría a posponer la cita si no se disuelven las Cortes de forma inmediata. En caso de no convocar de urgencia para noviembre, el periodo más probable para acudir a las urnas se desplazaría a febrero o marzo.
El escenario más lejano —y menos probable— sería agotar la legislatura hasta su fecha límite. Según la LOREG, las elecciones generales deberían celebrarse antes del 22 de agosto de 2027, 25 días antes de que venza el mandato actual (iniciado en julio de 2023). Esto obligaría a publicar el decreto de disolución a finales de junio de 2027, con comicios en agosto de ese año. No obstante, este plazo choca con las elecciones autonómicas y municipales del 23 de mayo de 2027, que el Gobierno ha descartado celebrar en un «Superdomingo» conjunto.
El PSOE pierde credibilidad y se enfrenta a elecciones en noviembre
Para el PSOE, la votación es decisiva. Si los decretos son derogados, el Gobierno perdería credibilidad en su gestión de la vivienda, un tema clave en el debate social. Además, un adelanto electoral en noviembre pondría al partido en campaña con solo 14 meses para las siguientes citas autonómicas y municipales, lo que limitaría su margen de maniobra.
Junts, por su parte, apuesta por desactivar el conflicto sin asumir responsabilidades. Su rechazo a los decretos le permite presentarse como defensora del «ahorro familiar», un mensaje que conecta con su electorado en Cataluña, pero también le sitúa en una posición de fuerza para negociar futuros pactos. El PP, mientras, ve en el bloqueo una oportunidad para reforzar su discurso contra el «gasto público descontrolado», aunque su principal objetivo sigue siendo erosionar la mayoría de Sánchez.
Vox, aunque en la oposición, se beneficia del descontento con las medidas de vivienda, un tema que ha utilizado históricamente para movilizar a su base. Su voto en contra refuerza su imagen como «partido de la propiedad», pero sin asumir un papel protagonista en la crisis parlamentaria.
El dilema de Sánchez no es solo legal, sino político. Un adelanto electoral en noviembre le permitiría recuperar la iniciativa, pero con el riesgo de una campaña corta y tensa. Posponerlo hasta febrero o marzo le daría más tiempo para negociar, pero también aumentaría la incertidumbre sobre la gobernabilidad.
