La decisión confirma la validez del Plan Hidrológico del Tajo, que establece caudales ecológicos y afecta a más de 30.000 regantes del Levante
El Tribunal Supremo ha desestimado este jueves el incidente de nulidad presentado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), cerrando la vía legal para impugnar los caudales ecológicos del río Tajo. La sentencia, dictada sin posibilidad de recurso, refuerza la validez del Plan Hidrológico del Tajo, aprobado en mayo de 2026 tras años de disputas judiciales entre regantes y ecologistas.
La decisión del alto tribunal rechaza la pretensión del SCRATS de anular la sentencia de mayo, que ya había desestimado su recurso contra el plan hidrológico. Con este fallo, los regantes del Levante español —que dependen del trasvase desde el Tajo— quedan sin opciones legales para revertir la protección ambiental que garantiza un caudal mínimo en el río, clave para el ecosistema y la demanda de agua en Madrid y Castilla-La Mancha.
El SCRATS, que agrupa a más de 30.000 regantes en la zona del Acueducto Tajo-Segura, había intentado recurrir la sentencia de mayo a través de un incidente de nulidad, un recurso excepcional para impugnar errores formales en el proceso judicial. Sin embargo, el Supremo ha confirmado la legalidad del procedimiento y la validez de la decisión anterior, que respaldaba los caudales ecológicos establecidos en el plan hidrológico.
El conflicto de agua del Tajo se remonta a la década de 2010
El conflicto entre regantes y ecologistas por el agua del Tajo se remonta a la década de 2010, cuando se aprobó el primer plan hidrológico que regulaba los trasvases hacia el Segura. En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a favor de los caudales ecológicos, limitando el volumen de agua que podía derivarse hacia el Levante. El SCRATS recurrió entonces ante el Supremo, pero en mayo de 2026 la sala desestimó su recurso, confirmando la sentencia de 2019.
Este nuevo varapalo judicial llega en un momento crítico para el sector agrario del Levante, donde la sequía prolongada y la reducción de trasvases han agravado la crisis hídrica. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, el volumen de agua embalsada en la cuenca del Tajo-Segura ha caído un 30% en la última década, afectando directamente a cultivos como el cítrico, el hortaliza y el olivar, pilares de la economía regional.
El fallo del Supremo elimina la posibilidad de revertir la normativa actual
La sentencia del Supremo sienta un precedente clave en la gestión del agua en España, reforzando el peso de los caudales ecológicos sobre los usos agrícolas. Para los regantes, la decisión elimina cualquier posibilidad de revertir la normativa actual, lo que podría acelerar su búsqueda de alternativas, como la desalinización o la reutilización de aguas residuales —proyectos que ya están en marcha en la región, aunque con limitaciones técnicas y económicas.
Por otro lado, el fallo podría tener repercusiones políticas. El Partido Popular (PP), que ha defendido históricamente los intereses de los regantes, podría intensificar su crítica al Gobierno central por la gestión del agua, especialmente en zonas como Albacete, Murcia y Alicante, donde el sector agrario es clave. Mientras, los partidos ecologistas —como Sumar o Podemos— podrían usar el fallo para exigir mayor protección ambiental, aunque sin modificar la ley actual.
El Gobierno, por su parte, se enfrenta a un desafío: equilibrar la demanda agrícola con la necesidad de cumplir los objetivos de la Directiva Marco del Agua de la UE, que exige mantener los caudales ecológicos. La próxima revisión del plan hidrológico, prevista para 2028, será clave para determinar si se mantienen las actuales restricciones o se introducen flexibilidades ante la crisis climática.
