El portavoz de Por Andalucía acusa al presidente de la Junta de alinearse con ‘los especuladores’ y le exige aplicar la ley estatal de vivienda
El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha advertido este jueves en el Parlamento andaluz a Juanma Moreno de que el rechazo a los reales decretos de vivienda ‘puede suponer su tumba política si va en contra de las aspiraciones populares’. Los textos se votan el viernes en el Congreso de los Diputados. Maíllo ha acusado al presidente de la Junta de estar del lado de ‘los especuladores’ y los ‘fondos buitres’ por su política de vivienda.
El portavoz ha reclamado a Moreno que ‘ejerza sus competencias’ y aplique la ley estatal de vivienda. Ha calificado de error dejar en manos de la iniciativa privada una política que debe ser pública. ‘Se le nota mucho del lado de quien está’, ha dicho, antes de reprocharle que solo impulse contratación público-privada.
La votación del viernes centra el choque. Maíllo ha preguntado a Moreno si dirá a sus diputados andaluces que voten en contra de unos reales decretos que benefician a casi un millón de andaluces y a 263.000 contratos que se prorrogarían automáticamente. También le ha cuestionado si les pedirá votar contra que no haya desahucios.
Moreno reprocha a IU su falta de crítica al PSOE
Moreno ha respondido que IU ‘ha perdido autonomía y capacidad de crítica contra el PSOE’. Ha contrapuesto lo que dice Maíllo en el Parlamento andaluz con lo que hace su partido en Madrid, y ha situado esa divergencia en ‘la incoherencia y la incomprensión’. El presidente de la Junta ha defendido su gestión y ha reprochado al grupo que en el Gobierno central ‘dicen una cosa y hacen justo la contraria’.
El intercambio ha derivado al último informe de la Cámara de Cuentas. Maíllo ha sostenido que la auditoría demuestra ‘el fracaso del modelo’ de control posterior sobre casi 38.000 millones entre 2020 y 2024, y ha señalado que detecta ‘el uso incorrecto del contrato menor’. Moreno ha replicado que el informe ‘en ningún momento alerta que el dinero no se destinara a su fin y no propone la vuelta a la fiscalización previa’. Ha citado el Sistema Integral de Contratación Electrónica, el Decreto Ley de Agilización Administrativa y la Oficina Técnica de Coordinación de la Contratación. Además, ha recordado que otro informe de la Cámara de Cuentas cifró en 1.130 millones las facturas pendientes de pago a proveedores en 2013, durante el gobierno de PSOE e IU.
