El ministro de Industria y Turismo afirma que los dos reales decretos, ya consensuados, buscan dar garantías y generar cohesión social
Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, ha pedido al Congreso que apruebe este viernes los dos reales decretos de vivienda, que considera «grandes instrumentos» para un «reto social» en España. Lo ha anunciado durante una visita al Museo Romano de Oiasso en Irun (Gipuzkoa), donde ha destacado que estos decretos buscan «garantías y cohesión social», y ha vinculado su aprobación al «momento de la política responsable».
El Gobierno apuesta por su tramitación acelerada para evitar que la falta de medidas agrave la crisis de acceso a la vivienda, que afecta especialmente a jóvenes y familias con ingresos medios.
El anuncio de Hereu se produce en un contexto de creciente presión social por el encarecimiento de los alquileres, con datos que muestran un aumento del 12% en los últimos doce meses según el Índice de Precios de Vivienda. La aprobación de estos decretos podría marcar un antes y después en la política de vivienda, pero su éxito dependerá de su aplicación real y de si logran frenar la especulación inmobiliaria, un problema recurrente en ciudades como Madrid y Barcelona.
El ministro ha evitado mencionar explícitamente a los partidos que podrían bloquear los decretos, pero su llamado al Congreso subraya la urgencia de una solución. La votación del viernes será observada de cerca por el sector inmobiliario, que ve con recelo medidas que podrían limitar la libertad de precios, y por las plataformas de afectados por desahucios, que exigen soluciones más contundentes.
Durante su visita al Museo Romano de Oiasso, Hereu también destacó las actuaciones realizadas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), señalando que la política de vivienda se integra dentro de un enfoque más amplio de desarrollo sostenible que busca equilibrar el turismo con la calidad de vida de los residentes. El ministro afirmó que la aprobación de los decretos de vivienda es un paso esencial para garantizar que la expansión turística no genere tensiones sociales ni aumente la presión sobre el mercado inmobiliario local.
